Defensa de la prensa: Oficialismo defendió el decreto de DLS y lo aprobará en sesión

Fiscal de Estado Unicameral decreto DLSCórdoba. En el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, el Fiscal de Estado, Jorge Córdoba, defendió el decreto del gobernador De la Sota que garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el territorio provincial.

Córdoba concurrió a la Legislatura cordobesa para exponer los fundamentos técnicos -más que políticos- de la iniciativa que fue rubricada por De la Sota y por todos los ministros, convencidos de que la prensa “está en peligro”.

El decreto ingresó -la semana pasada- a la Unicameral, y con una preferencia de tratamiento para la sesión de esta tarde, el oficialismo se apresta a aprobarlo. Habrá que ver la posición final que adopten los bloques de la oposición en referencia al cuestionado decreto N° 525/13.

El Fiscal de Estado, recordando las palabras del mandatario provincial -el día de la presentación del decreto- señaló: “este tipo de normativa en un país normal no sería necesario” pero en el momento que el gobernador propuso la disposición “la libertad de los periodistas y de la prensa estaba y está en riesgo”.

El funcionario remarcó que hay normas nacionales e internacionales que tratan sobre el tema, por lo que el decreto “no pretende regular la libertad, ni definirla”.

“Lo que hemos hecho es regular todos aquellos aspectos sobre los cuales la provincia tiene facultades -por la Constitución Provincial, por la Constitución Nacional y por las leyes que se han dictado- para generar las disposiciones necesarias que apuntalen esta libertad, que ya está consagrada en todas estas normas, señaló el Fiscal de Estado.

A lo que añadió: “el decreto le otorga a la libertad de prensa, de opinión y de expresión, el mayor y más amplio soporte para que pueda ser gozada y ejercida sin ningún tipo de restricción o limitación”.

La oposición aprovecho la ocasión para cuestionar al oficialismo sobre los casos en donde se vieron afectados periodistas cordobeses, impidiéndosele el desarrollo del ejercicio profesional. Además, de solicitar -Frente Cívico y Radicalismo- el tratamiento de iniciativas sobre regulación de publicidad oficial.

Asimismo, desde el bloque Encuentro Vecinal Córdoba cuestionaron el instrumento elegido por De la Sota, haciendo hincapié en que se podría haber hecho vía proyecto de ley, lo que hubiera significado darle un marco más institucional y de representación al parlamento.

Es sabido que los bloques opositores reclaman que la Unicameral no se convierta en una “simple escribanía”.

Se sumaron otras críticas

Ayer, hubo una conferencia de prensa que se desarrolló en la facultad de Ciencias de la Información de la UNC, donde se firmó y se dio lectura a un pronunciamiento crítico en “respuesta al anuncio del decreto 525”.

Según los organizadores, el documento fue avalado por más de150 espacios, personalidades y periodistas de la comunicación cordobesa,  donde se ratifica el rechazo a las medidas impulsadas por el Ejecutivo provincial “en favor de los grupos concentrados de medios”, y el reclamo por el “pleno cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

rodriguez villafañeConsultado por Agenda 4P, el Dr. Miguel Rodríguez Villafañe, precisó que el decreto es “insuficiente en lo que tiene de bueno, no trata lo necesario y evidentemente, está al servicio de otros intereses”.

A los efectos de garantizar la libertad de expresión, el constitucionalista aportó su análisis: “Es una mala copia de  lo que está mejor en el art. 51 de la Constitución de Córdoba y lo que debería haber hecho, no lo ha hecho, es reglamentar la institución del secreto profesional periodístico”.

A lo que agregó: “tampoco, regula la distribución de la publicidad oficial” y se “evidencia que está hecho a medida del Grupo Clarín en Córdoba”.

En ese sentido, argumentó que “se busca eludir la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” y señaló que “las facultades de regulación de los espacios audiovisuales figuran como exclusiva potestad de la Nación”.

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