Córdoba. La economista Mary Acosta del CPCE -analizando el tema subsidios y con una mirada del escenario pos electoral- dejó planteado el eje de discusión. “No creo que se cambie el modelo”, afirmó.
A lo que el gobierno podría hacer un nuevo intento de desarmar los esquemas de tarifas porque no dan los números. “No se va a llegar a 10 mil millones de superávit comercial, esto limitará el 2014”, señaló Acosta.
Para el Instituto de Economía del CPCE, el gobierno nacional tendrá que poner en marcha algunos ajustes para lograr terminar sin mayores sobresaltos económicos su gestión.
La expectativa es que no habrá un cambio del modelo después de las elecciones y de cara a los próximos dos años. Por eso, el planteo de la posibilidad de reducir subsidios a las tarifas, aunque los intentos anteriores fallaron.
La posibilidad aparece porque la caída del superávit comercial limitará el margen de acción de cara al 2014. “Se necesitan más dólares y hay menos, y menos reservas. En ese contexto algo hay que hacer”, definió la economista.
En el último análisis de coyuntura, Mary Acosta puso la lupa sobre el “talón de Aquiles” que significan los subsidios para el gasto público que, desde el 2007 hasta este año (con cifras proyectadas) registra una suba permanente, con excepción del 2011 cuando cayó un punto porcentual, y alcanzaría al 15 de este mes, el 25% del PIB del primer trimestre.
Del análisis de tendencia surge que en los años electorales la suba fue más fuerte. En la comparación de la evolución, siempre el PIB creció a una tasa inferior al gasto hasta el año pasado. Hasta mediados de este mes, la suba interanual del gasto público es del 35% (la más elevada desde 2007) mientras que el alza interanual del Producto es del 25%.
A la hora de analizar el peso de las transferencias (incluyendo Seguridad Social) en el gasto público global pasó del 67% al 72%. El ítem incluye la administración gubernamental, servicios sociales, servicios económicos (incluye subsidios a la energía y al transporte) y servicios de defensa y seguridad.
“Hoy el Estado destina a transferencias entre el 17 y el 18 por ciento del PIB”, explicó Acosta. En el 2007, la cifra representaba el 12% del PIB.
En el caso de las asignaciones de Servicios Sociales, Seguridad Social (abarca la Asignación Universal por Hijo) que en 2012 ejecutó $207 mil millones, es la porción más grande de la torta, seguida de Educación ($27.511 millones) y Salud ($11.332 millones).
Acosta apuntó que en este marco es “difícil pensar en una reducción ya que son compromisos asumidos y ni siquiera la oposición plantea un recorte en esa área”. Es decir, se trata de montos que no son sensibles a bajar su participación e, incluso, para no perder frente a la inflación, deberán ser incrementados. Del total del gasto público, alrededor del 11% son transferencias sociales.
Para el segmento de transferencias en Servicios Económicos, más de la mitad se la llevan los subsidios a energía, combustibles y minería mientras que alrededor del 25% es lo que corresponde a transporte.
Del trabajo del CPCE también se destaca el peso de las transferencias en función de la evolución del costo de la Canasta Alimentaria que calcula la entidad, el resultado marca una caída de su participación en el gasto público por el efecto licuación de la inflación.
En relación al impacto sobre el consumo privado, éste crece por encima de las transferencias. La tendencia se mantendría este año porque hay decisiones de consumo impulsadas por la escasez de opciones de inversión reales, señalaron desde el Instituto de Economía del CPCE.
Financiamiento
Del repaso de los números oficiales de financiamiento del Tesoro, deriva que entre 2007 y 2010 el esquema fue superavitario; en 2011 empieza a aparecer el rojo aunque en las cuentas que se muestran está compensado por Anses.
“Así, la Administración Central se financia con el organismo de seguridad social, con lo cual si la entidad fuera absolutamente independiente, en 2012 el déficit hubiera sido de $28.701 millones”, explicó Acosta.
Respecto del financiamiento del gasto total en transferencias (excluidas las jubilaciones y pensiones), la mitad depende del Tesoro. “En la medida que todo este entramado se pudiera desarmar de manera ordenada sería posible pensar en una situación mejor”, explicó Acosta.
Utilidades BCRA y Anses
Un análisis de los ingresos corrientes del Estado nacional, entre los que se registran las utilidades del Banco Central y del Fondo de Sustentabilidad de Anses determina que el Gobierno “viene acentuando año a año” el uso de esos dividendos. Sin esa renta, la Nación hubiera tenido más problemas para financiar su gasto.
