TSJ confirmó el juicio en la causa de fraude a una ART

Tribunales I fachada 2 - copiaCórdoba. El TSJ rechazó un pedido de la defensa para que el expediente sea remitido a la órbita federal y confirmó la elevación a juicio de la causa.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) concluyó que las presuntas estafas contra la aseguradora de riesgos del trabajo “ART Provincia” deben ser juzgadas por un tribunal provincial. La Sala Penal del Alto Cuerpo rechazó un planteo defensivo que sostenía, entre otras cosas, que los hechos investigados eran de competencia federal y, en consecuencia, confirmó la elevación a juicio de la causa.

Los imputados Gustavo Dulce Villada y Fabián Manrique, quienes ejercían su propia defensa, argumentaban que la “ofendida” por las presuntas maniobras fraudulentas era la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos (SRT), una entidad nacional, que administra el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP).

Según estos abogados acusados de formar parte de una asociación ilícita, la aseguradora damnificada puede reclamar al fondo fiduciario y obtener la devolución de los juicios laborales abonados a causa de las supuestas operaciones ilegales.

Sin embargo, el TSJ insistió en que, hasta ahora, la única que pagó fue la ART Provincia. Por consiguiente, consideró “absurdo” negarle a la ART Provincia el carácter de ofendida, a pesar de los desembolsos patrimoniales que efectuó y atribuirle ese carácter al FFEP, que no realizó ninguno pago, aduciendo que se trata de tentativas de estafas.

Las posibilidades de recupero -si existieran- (lo que no surge de la causa), no cancelan la comisión de los ilícitos, como es sabido”, enfatizó el Alto Cuerpo.

También se descartó la posibilidad de desplazar la causa a la jurisdicción federal por la intervención de la casa central de la ART, con sede en Buenos Aires.

Según el Alto Cuerpo, si las maniobras se realizan en distintas jurisdicciones territoriales, la causa debe radicarse ante el juez que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, así como de una mayor economía procesal y una mejor defensa, elementos todos que se aplican a la jurisdicción provincial.

En tal sentido, el fallo remarca que los hechos investigados se habrían ejecutado en Córdoba y que en esta provincia están radicadas las pruebas, se radican los imputados y actúa la entidad damnificada.

La causa

Cabe recordar que en la causa se investigan 288 presuntas maniobras delictivas. Según la acusación, un grupo de letrados, supuestamente en connivencia con abogados de la ART, se ponía en contacto con empleados municipales y los convencían de reclamar judicialmente indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, sobre la base de certificados médicos falsos, en los que constaban patologías inexistentes o, bien, dolencias que no estaban vinculadas con el trabajo.

Estos certificados eran confeccionados por médicos también involucrados en la maniobra. 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *