Fiscal pidió imputar a Mestre y funcionarios por desvíos de subsidios a Ersa

Mestre presentación Nuevo Sist. TransporteCiudad de Córdoba. La imputación al intendente Mestre y a dos funcionarios de su gobierno es por supuesta defraudación a la administración pública. Se lo acusa de desviar fondos nacionales de Tamse a empresa concesionaria del transporte público de pasajeros. La denuncia que investiga el fiscal fue promovida por el concejal Daniel Juez (FC).

El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano pidió la imputación del intendente Ramón Mestre y de las máximas autoridades del área de Transporte del municipio capitalino por presunta defraudación a la administración pública.

Mestre, junto a Juan Pablo Díaz Cardeilhac (alejado del cargo) y César Ferreyra (actual Secretario de Transporte), fueron denunciados por el concejal juecista por desviar subsidios destinados a unidades de la Empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse) a la UTE Ersa – Autobeses Santa Fe.

El pedido de imputación de Vidal Lascano que incluye también al titular de Ersa, Juan Carlos Romero, fue remitido al juez federal Alejandro Sánchez Freytes quien deberá decidir si hará lugar a la solicitud del fiscal. Se prevé que Mestre, los dos funcionarios y el empresario serán imputados en la causa que se investiga.

Cabe recordar que el 21 de marzo, el edil de la bancada opositora, solicitó al Fiscal de Instrucción N°2 Gustavo Vidal Lascano, una investigación penal en contra del jefe comunal, por la supuesta estafa en el cobro de subsidios nacionales para unidades del sistema de transporte de pasajeros.

La denuncia se realizó debido a que los equipos técnicos del Frente Cívico comprobaron que la empresa privada estaría percibiendo el cobro de sumas en subsidios para coches del transporte urbano de la ciudad que corresponden a vehículos de la Tamse residual, provocando un perjuicio al estado municipal cercano a los $240 mil por mes.

En la presentación al Fiscal, Daniel Juez consideró que “este engaño en las declaraciones juradas desde octubre de 2013 a la fecha, en los subsidios devengados por el accionar del funcionario responsable, hace que la empresa  municipal, y por ende el erario público se perjudique y la operadora privada perciba fondos indebidos por un servicio no realizado; lo que se presume podría encuadrar en alguna figura tipificada por el Código Penal”.

El pedido de investigación penal se vincula al cumplimiento de “procedimiento para la asignación del cupo de combustible a los operadores de transporte público por automotor”. El Frente Cívico denunció que se estaría efectuando una declaración jurada del parque móvil de las empresas que prestan el servicio, con datos de unidades de la empresa TAMSE a favor de una empresa privada.

Conocida la imputación del intendente Mestre por presunta defraudación calificada a la administración pública, el concejal Esteban Dómina (FC) consideró que se debe “aguardar a que la justicia avance en la causa porque tiene en su poder todos los elementos que acreditan los hechos denunciados”.

Por esa razón, Dómina aclaró que “antes de opinar” al respecto “lo más conveniente es dejar trabajar a la justicia”. 

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