Con fuertes críticas a la gestión oficialista por la inseguridad, Aguad presentó plan para combatirla

_MG_4482Córdoba. Junto al coordinador de los equipos técnicos en la materia de la coalición tripartita y el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño, Oscar Aguad y Héctor Baldassi, encabezaron este lunes la presentación del Plan Integral de Seguridad, no sin antes cuestionar la responsabilidad del gobierno delasotista por no tener “voluntad” de brindar soluciones a una “ola de delincuencia” que azota a Córdoba.

Flanqueado por el abogado José Ignacio Caferatta Nores y Guillermo Montenegro,  el candidato a gobernador del Frente Juntos por Córdoba, sostuvo que “la ola delictiva casi sin precedentes”, se debe a que “el poder político se ha desentendido de la seguridad de los cordobeses y la fuerza de seguridad no tiene el control político”.

“Es muy difícil que después de 16 años ejerciendo el poder político que no solucionaron esta problemática, lo hagan de aquí en adelante”, cuestionó Aguad en referencia a las gestiones de UPC al frente de la provincia.

“La seguridad no es un problema para improvisados, es un tema muy delicado que requiere de una gran profesionalidad para resolverlo”, aseveró el radical.

Al respecto, destacó que la garantía de que un gobierno fracase en cuestión de seguridad, es “no contar con un plan integral que aborde áreas como la prevención social, la disuasión policial y la acción de la justicia”.

“Si estos tres estamentos del Estado no actúan conjuntamente, no hay manera de garantizar ni prevención social, ni seguridad, ni acción rápida de la justicia. En Córdoba, ninguno de los tres sistemas funciona”, enfatizó.

En el plano de las propuestas en materia de seguridad, Aguad remarcó que  “para esta problemática compleja no existen soluciones facilistas ni inmediatas”. Por eso, insistió en que la primera decisión a tomar -de un gobierno- es la de enfrentar el delito en Córdoba.

aguad plan de seguridadEn igual sentido, se pronunció el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, quien aseguró que toda medida que se quiera aplicar para la lucha contra la inseguridad “tiene que partir de una decisión política”.

Para el funcionario macrista, el principal problema que observa en Córdoba es el recurso humano policial. “Tiene que tener una capacitación diferente, un equipamiento diferente, un entrenamiento diferente y salarios diferentes. Tiene que haber voluntad política para que el personal policial sea entrenado, cuidado, exigido y controlado”, apuntó.

Además, afirmó que “la tecnología es indispensable porque da información que va a permitir, por un lado, tomar la decisión operativa del momento y, por otro, tomar la decisión estratégica o macro que debe encarar el político”.

Al opinar que es necesario “volver a recuperar la confianza de la sociedad con la policía”, Montenegro le atribuyó a la política esa perdida. “La política es la responsable del acuartelamiento policial que ocurrió en Córdoba hace dos año y la política tiene que buscar más soluciones para que ese tipo de cuestiones no vuelvan a repetirse”, aseguró.

Enfoque multicausal

En su exposición, Caferatta Nores, explicó los lineamientos generales del Plan Integral de Seguridad que implementará Juntos Por Córdoba de llegar al gobierno provincial, el cual aborda la problemática desde lo judicial, policial y social, dado que “se entiende que la problemática es multicausal”, aclaró.

El Plan busca alcanzar la creciente eficiencia de la atención de las emergencias en el territorio provincial, el perfeccionamiento de los sistemas inteligentes de control del espacio urbano y el fortalecimiento del Cuerpo de Policía.

En cuanto a la preparación del personal policial, el experto, indicó que tendrá una capacitación continua para el servicio, sustentada en valores de solidaridad, eficiencia, honestidad y respeto a los derechos humanos, con moderno y adecuado equipamiento, con salarios y condiciones de trabajo dignas y con controles de desempeño y administración externos a su cúpula operativa.

También, se prevé el perfeccionamiento del Sistema Judicial, dinamizando los procesos con mayor eficiencia y acercando la Justicia a la población mediante mecanismos de descentralización de fiscalías y presencia judicial en las dependencias policiales distribuidas en el territorio.