Para dotar de “mayor transparencia” al Estado, radicales presentaron proyecto sobre conflicto de intereses

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                                                                                            País (14/3/17). Los diputados nacionales Mario Negri, presidente del Interbloque Cambiemos, y Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) presentaron este martes un proyecto de ley sobre “conflictos de intereses” que busca darle mayor transparencia a la toma de decisiones en los tres poderes del Estado.

La iniciativa, complementaria de la actual ley de Ética Pública, establece un régimen que será aplicable a los sujetos que hoy están obligados por la mencionada norma a presentar declaraciones juradas. 

En el caso del PEN, esto incluye desde el Presidente y Vicepresidente a ministros, secretarios de Estado, directores y subdirectores. En el caso del Legislativo, abarca a diputados y senadores y a los funcionarios de cada cámara.

En tanto, en el Poder Judicial incluye a magistrados y funcionarios. También quedan comprendidos los miembros del Ministerio Público, embajadores, síndicos, decanos, interventores federales y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros, se especificó.

Entre las novedades que incorpora este proyecto de ley se establece que “también habrá conflicto de interés en las situaciones cuando se trate de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados”.

El proyecto presentado prevé crear organismos específicos en cada Poder del Estado como autoridad de aplicación de la norma. Estas oficinas estarán integradas por personas idóneas seleccionadas a través de concurso público de antecedentes; deberán recibir consultas, controlar y publicar las DDJJ, formular denuncias penales, crear registros de regalos (hoy sólo lo tiene el Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción) y de consultas.

Ante un requerimiento o recomendación, la autoridad de aplicación tendrá 15 días hábiles (prorrogables por otros 15 días) para relevar información, analizar el caso de posible conflicto de interés y hacer una recomendación, que será pública.

Se considerará conflicto de interés en el ejercicio de la función pública a toda situación en la que colisionen o puedan colisionar el deber público y los intereses privados de un funcionario, se aclaró.

La iniciativa presentada por Banfi y Negri, establece variadas circunstancias en que podrían darse conflictos de intereses.

En todos los casos, antes de asumir, los funcionarios deberán presentar sus declaraciones juradas e incorporar a las mismas dos nuevos requisitos: sus antecedentes laborales y precisiones sobre posibles circunstancias de conflictos de intereses. s

Aimismo prevé procedimientos para actuar tanto preventivamente –antes de que un funcionario asuma- como cuando se producen circunstancias sobrevinientes.

Los funcionarios de los tres poderes tendrán la posibilidad de solucionar la colisión de intereses renunciando a actividades privadas, absteniéndose de intervenir en una actividad específica que esté bajo su órbita u optando por constituir sus bienes en un fideicomiso ciego si correspondiere.

Es importante aclarar que el proyecto de ley establece que será la autoridad de aplicación la que definirá cuándo un funcionario deberá abstenerse, no quedará al arbitrio de éste hacerlo o no. Por último, se plantea la renuncia al cargo como solución al conflicto. 

IMG_-svz7sf“En la actualidad la ley de Ética Pública resulta insuficiente. Por eso proponemos fortalecer los mecanismos de control y de rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Este es un proyecto integral que ha sido elaborado en base a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción”, explicó la diputada Banfi.

En tanto, el jefe de la bancada oficialista en Diputados concluyó: “Este proyecto viene a sumar a la normativa vigente la prevención y solución de conflictos de intereses, porque en una República todo lo que se haga en favor de la transparencia resulta beneficioso para combatir la corrupción y afianzar las instituciones”.