Posiciones enfrentadas sobre la adhesión de Córdoba a la Ley de ART que aprobará la Unicameral

Córdoba (24/5/17). Con los votos de la mayoría oficialista y el apoyo del Interbloque Cambiemos, la Legislatura aprobará la norma con la cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.348, de Riesgos del Trabajo, y la modificación de artículos de Ley 7.987 (Código Procesal del Trabajo). La normativa que se sancionará en la sesión de este miércoles es fuertemente rechazada por la CGT Rodríguez Peña. En la otra vereda, el Grupo de Entidades Empresarias locales (G6) consideró “fundamental” la adhesión de Córdoba  a la nueva Ley de ART.

El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) expresó “la importancia” que reviste la adhesión de la Provincia a la Ley Nº 27.348 Complementaria de Riesgos del Trabajo “para la preservación y creación de empleos”.

“Esta ley, sancionada a principios de año, busca corregir las distorsiones del actual sistema de Riesgos del Trabajo que se encuentra en un virtual colapso, tanto por la alta litigiosidad que se generó en torno a los accidentes y enfermedades laborales como así también por la inaceptable demora en resolver los casos en sede judicial”, sostuvo el G6 en un comunicado.

En ese sentido, argumentó que “con un sistema tal como el actual, tanto los trabajadores como los empleadores quedan totalmente desprotegidos, a expensas de un sistema judicializado en extremo. Estas distorsiones ponen asimismo en peligro el sostenimiento de las fuentes de trabajo y constituyen un obstáculo real al crecimiento del empleo en la provincia de Córdoba”.

En cuanto a la nueva Ley de ART, el Grupo de Entidades Empresarias afirmó que “claramente mejora los tiempos de resolución en favor de los trabajadores, reduciendo y haciendo perentorios los plazos para que las Comisiones Médicas emitan su dictamen; establece la gratuidad de las medidas de prueba para el trabajador y reduce significativamente los plazos para efectivizar las indemnizaciones a favor de los trabajadores”.

Asimismo, señaló que el sector empresario, por su parte, viene trabajando de manera sistemática y profesional “en el mejoramiento de las condiciones y ambiente laborales, lo que ha permitido disminuir sensiblemente el índice de siniestros ocurridos en el ámbito productivo”.

“Muy por el contrario -como lo manifiestan las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del sistema judicial de la provincia de Córdoba- se ha multiplicado de manera alarmante la litigiosidad”, advirtió.

Al defender el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo provincial que será aprobado este miércoles en la Unicameral, el G6 Córdoba hizo un fuerte llamado a los legisladores provinciales  “a sancionar la adhesión a la Ley 27.348 y la adecuación de los procedimientos locales para que tome efectiva vigencia la nueva normativa”.

Rechazo de la CGT Rodríguez Peña

En la otra vereda, la central obrera que conduce Mauricio Saillén, se pronunció en contra de la adhesión de la Provincia a la normativa nacional y aseguró que la iniciativa oficialista resulta “inconstitucional”.

Sostuvo que el Gobierno cordobés “quiere sumar instancias burocráticas, papeleo administrativo y dificultades, a lo que debería ser un trámite fácil, rápido y en beneficio de un trabajador afectado por una enfermedad o accidente laboral: la presentación de una acción judicial ante un incapacidad producida dentro del ámbito de trabajo”.

La CGT Rodríguez Peña indicó que según el proyecto de ley girado por el Ejecutivo provincial “un trabajador que fue víctima de un accidente laboral y que terminó con alguna incapacidad, si decide reclamar la indemnización pertinente, no podría hacerlo a través de la acción judicial directa. Antes debe pasar por una instancia administrativa y comisiones médicas”.

“Esta modificación que pretende el Ejecutivo cordobés, tiene un tinte amarillo y de bajada nacional: ya que el PRO había presentado a principio de año un cambio en la Ley de Riesgos de Trabajo en el que se aplicaba esta misma traba administrativa ante los posibles reclamos de los trabajadores sobre la indemnización que les corresponde por accidente e incapacidad”, enfatizó la central obrera en un comunicado.

“Esta modificación salió a partir de un decreto de necesidad de urgencia (DNU), que fue muy criticado por instituciones, abogados y representantes gremiales que luchan por los derechos de los trabajadores y que coincidían en que este decreto beneficia más a las empresas, ya que todo el proceso queda en manos de los médicos y las ART, en vez de pasar directamente a una instancia neutral como lo es la justicia”, añadió.

En cuanto a su “inconstitucionalidad”, la CGT RP aseguró que “viola el derecho de igualdad en cuanto obliga a los trabajadores registrados a cumplir un procedimiento administrativo obligatorio, pero no se explaya sobre la situación de los trabajadores no registrados”.

“Este proceso que se plantea es inconstitucional, burocrático y forma parte de un plan de las actuales políticas neoliberales para quitarle poder de decisión y acción al trabajador, así como sucede con la difamación que realizan sobre las marchas por nuestros derechos, los gremios y cualquier movimiento que quiebre con la pasividad en la que desean sumirnos”, enfatizó.

Tras insistir en esta denuncia, la central obrera remarcó: “Hay que denunciar la inconstitucionalidad de este proyecto, que condena a los trabajadores y les quita derechos básicos, ganados históricamente a través de luchas y movilizaciones”.