Radicalismo demanda evaluación de forma periódica del impacto de los planes sociales

Córdoba (19/7/17). A través de un proyecto de ley presentado recientemente en la Unicameral, la legisladora Elisa Caffaratti (UCR) impulsa la evaluación obligatoria de todos los programas sociales financiados con recursos provinciales y la creación de una Agencia Provincial de Evaluación. En una abierta crítica al Gobierno de UPC, la radical propone además “una leyenda anti uso político” en la publicidad de los mismos.

“Sin lugar a dudas el control, la eficiencia, y la transparencia en la ejecución  de la administración de los recursos públicos es una de las obligaciones centrales y primordiales de cualquier Estado”, expresó la parlamentaria en los fundamentos de su iniciativa.

En ese plano, Caffaratti remarcó que “cuando esos fondos se destinan al cumplimiento de metas sociales, y desarrollo humano de nuestra comunidad  esa obligación adquiere una importancia mayor por su finalidad específica”.

Según sostiene la vicepresidenta 2 de la Legislatura Provincial, en representación de la primera minoría opositora, “no han existido, al menos en forma visible, mecanismos sistemáticos de análisis, seguimiento y control de resultados del impacto que las inversiones sociales han tenido sobre las condiciones de pobreza y exclusión de los beneficiarios a los que supuestamente iban dirigidas”.

Es por ello que se busca a través de la sanción de esta ley, la creación de un organismo provincial que tenga como función específica la “evaluación periódica y obligatoria del impacto” de los programas, planes y recursos con finalidad social “ejecutados por el Poder Ejecutivo o por delegación por municipios, comunas y/o organizaciones sin fines de lucro”, destacó.

La Agencia Provincial de Evaluación, que estará presidida por un Directorio de 9 miembros con probada especialización y antecedentes académicos en el área de las políticas sociales, la evaluación y la planificación, deberá remitir un informe de resultados a la Unicameral y dados a conocer públicamente a la ciudadanía a través de su publicación en el Boletín Oficial.

En la iniciativa de la legisladora del bloque opositor, se puntualiza además que para asegurar “una adecuada evaluación de impacto”, los programas sociales deberán incluir obligatoriamente en su diseño los indicadores de resultados, gestión y servicios que permitan medir su cobertura, calidad e impacto.

Asimismo, se aclara que en caso de que las evaluaciones resulten negativas en cuanto al cumplimiento de los objetivos sociales, “los programas deberán producir las reformas indicadas para aumentar el impacto social de sus acciones”.

En cuanto a la publicidad oficial que realiza el Ejecutivo provincial de los programas y planes sociales, Caffaratti planteó en su proyecto de ley “una leyenda anti uso político” y electoral.

Al respecto, la parlamentaria afirmó que el Estado deberá incorporar en este tipo de publicidad la identificación con el Escudo Provincial y la inclusión de la leyenda: “Este programa es público, financiado por el pueblo de la provincia de Córdoba y ajeno a cualquier partido político”.

“Este punto nos parece fundamental para lograr políticas públicas sostenibles e impedir el uso político de la publicidad de los mismos. Creemos en la importancia de la publicidad para dar a conocer y facilitar el acceso a los programas que tiene un gobierno en beneficio de la ciudadanía, pero no estamos a favor de hacer abuso de la misma y sólo publicitar programas y obras con fines políticos y electorales”, enfatizó.

Al hacer foco en los índices de pobreza difundidos por el INDEC, que dan cuenta de un 10,8% de personas indigentes y un 40,5% de personas pobres en el Gran Córdoba, la radical disparó su crítica contra el Gobierno de UPC: “millones y millones invertidos durante más de 16 años en programas de asistencia y promoción social y sin obtener los resultados esperados que son los de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables y otorgarle oportunidades para poder progresar y salir de esa situación”.