Seguridad: Montero insistió en las “compras directas con sobreprecios” y el oficialismo le dijo que vaya a la Justicia

Córdoba (25/10/17).  En la sesión de este miércoles, la legisladora Liliana Montero (CP)  llevó a debate una serie de pedidos de informes relacionados “a la seguidilla de compras directas con sobreprecios”, que realiza el Gobierno provincial para la fuerza policial, advirtió. Desde la bancada de UPC rebatieron los planteos opositores sosteniendo que se hacen en el marco de la adhesión a la Emergencia en Seguridad dictada por el Gobierno nacional. 

Para la parlamentaria opositora al Gobierno de UPC ya se le hizo “costumbre” la utilización del mecanismo de “compras directas con sobreprecios” destinadas a la Policía de Córdoba. 

En el marco del debate parlamentario por esta cuestión que hace al manejo de los fondos públicos, la integrante de la bancada de Córdoba Podemos, detalló los casos en lo que afirma hay “irregularidad” por parte de la cartera de Gobierno y Seguridad.

Montero se refirió a la compra directa de 1500 camperas a la firma Agustino cueros, por el monto de $3,6 millones destinadas a la policía caminera, lo que da un valor de $2400 por cada campera adquirida. “Se esgrimió en ese momento urgencia, lo que resulta bastante inverosímil si pensamos que dicha operación se concretó en el mes de agosto, es decir cuando el invierno ya se estaba retirando”, advirtió la legisladora.

Asimismo, se remitió a otros dos pedidos de informes sobre distintas compras realizadas por el ministerio a cargo de Carlos Massei. Por un lado, la adquisición de 2 mil pistolas semi automáticas Bersa sin licitación por el monto de $18 millones. A través del otro proyecto, se pidió información al Ejecutivo respecto a 250 automóviles Fiat modelo siena.

En su exposición ante el pleno, Montero también hizo hincapié en la compra de 200 camionetas patrullero sin licitación y “con sobreprecios importantes”, subrayó, en cuya operatoria la Provincia pagó $698 mil por cada unidad particular mientras su valor real es de $465 mil. Este dato se desprende de una nota publicada por el sitio web En Redacción.

“Hemos asistido en el último año a un festival de compras directas”, disparó la opositora, quien descargó munición gruesa contra el Gobierno de UPC: “17 años de gobernar esta provincia pareciera que los han cebado, creen que porque hay una emergencia no hace falta llamar a licitación”, fustigó.

En ese sentido, la autora de sendos pedidos de informes, enfatizó: “Si el gobernador quiere pagar 50% más el precio de su auto particular, que lo haga, con quien quiera y como quiera, lo que no es posible es que se esté pagando 50% más en los autos de la Policía de la Provincia de Córdoba”.

Al cuestionar duramente la falta de información respecto de estos asuntos, Montero sembró una duda en cuanto a los gastos reservados de la Secretaría de Seguridad: “No se comprende bien cuál es el destino de estos gastos reservados”, apuntó, dejando establecido que pedirá su revisión en el proyecto de ley de presupuesto 2018.

En este contexto de la sesión, la problemática de la inseguridad también fue tema de debate por medio del tratamiento de varias propuestas de resolución promovidos por el arco opositor.

Desde el interbloque de Cambiemos, el legislador Orlando Arduh aseguró que “queda expuesta una vez más la falta de previsión y planificación por parte del Ministerio de Gobierno sobre este tema”.  

En referencia a las compras directas de equipamiento para la fuerza policial, el radical basó su crítica en que “pedirle al Gobierno mayor transparencia en el proceso de licitación y compras es lamentablemente casi una utopía”.

Compras en el marco de la emergencia

El encargado de responder los cuestionamientos de la oposición fue el legislador delasotista Marcos Farina. El integrante del bloque oficialista fundamentó que dichas compras y sus procesos “están amparados por la adhesión de la Provincia de Córdoba a la declaración de Emergencia de Seguridad Pública decretada a nivel nacional y prorrogada por decreto nacional del 2017”.

Aclaró que en base a esta normativa dictada por el Gobierno nacional, se permite “contratar de manera directa no sólo por razones de urgencia sino también por la emergencia nacional en seguridad”.

En su contragolpe ante los embates opositores, el oficialista les pidió a Montero y Arduh que “con todas las pruebas que tienen se remitan a la justicia” y amplió: “Hoy podrían estar iniciando una denuncia judicial y aportando las pruebas que dicen que tienen”.

En esta línea, Farina les reprochó a la progresista y al radical lanzar denuncias con “tinte político que no tiene nada que ver en estas cuestiones” que hacen a la seguridad.