Denuncian que la causa contra los militantes del PO “es una farsa para amedrentar al movimiento popular”

CABA/País (5/1/18). En conferencia de prensa de este jueves, se denunciaron “las condiciones de hacinamiento, inseguridad y el trato criminal” a las que está sometido preso Arakaki, que ponen en riesgo su vida, y las medidas que se han reclamado para salvaguardar su integridad física, que no han sido garantizadas por el sistema penitenciario. Así se expresaron los dirigentes del Partido Obrero (PO).

A su vez, durante la jornada de ayer, Nora Cortiñas reclamó en la ronda de Plaza de Mayo por la libertad de Arakaki y adhirió a la conferencia Elia Espen, ambas miembro de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. También lo hicieron Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional y diputados y diputadas del Movimiento Evita. 

Claudia Ferrero, abogada de Cesar Arakaki y Ponce Dimas manifestó que “la causa que se ha montado tiene como motivo evidente aleccionar y amedrentar al movimiento obrero y popular protagonista de la gran movilización del 14 y del 18 de diciembre contra la reforma jubilatoria”.

La abogada informo que “para negarle la excarcelación a Arakaki y negar la eximición de prisión de Dimas Ponce se ha recurrido a un ardid que llega a extremos ridículos. Se acusa a dos personas en una movilización de miles y miles por ´lesión gravísima, tumulto e instigación`, solamente para negar la excarcelación argumentando la escala penal de la sumatoria de esos delitos”.

“Las lesiones sostenidas en la causa no están acreditadas en la historia clínica y no son compatibles con lo que se muestra en las imágenes. Los detenidos llegan después y ninguna de las afirmaciones del expediente acredita vinculación con ese hecho de César y Ponce”, añadió.

Ferrero sostuvo además que “se está violando la igualdad ante la ley. A otros imputados, como el ex funcionario de la policía bonaerense, exonerado por tirar piedras, se los ha citado a indagatoria y se los ha dejado en libertad. Hay un objetivo de presentar a determinadas personas como violentas y de generar un estado de amedrentamiento contra una población que está en su mayoría en contra de la reforma previsional”.

Al anunciar que el jueves 11 de enero se realizará una movilización de Congreso a Plaza de Mayo, Marcelo Ramal dijo que “el gobierno ha tercerizado la sanción política a una manifestación de 300.000 personas en el Juez, que sólo puede hacerlo de un modo amañado, perverso, falaz: individualizando a algunos manifestantes y cargarlos de responsabilidades de la situación que se vivió en la plaza.”.

Rermarcó que “Arakaki es absolutamente un preso político. El gobierno encomendó a un juez que aborde la cuestión como penal, apuntando a dejar afuera el carácter político de esta causa y todo lo que se relaciona con la marcha del 18 de diciembre. Arakaki es un militante político, lo mismo Ponce, que ejercieron su derecho a movilizarse  y no llevaron a cabo los hechos que se les imputan. Respaldamos a los militantes que están siendo juzgados y perseguidos”.

Por su parte, Néstor Pitrola aseguró que “hay en marcha un reforzamiento del carácter represivo del Estado, están instaurando una ‘Democracia de Infantería’. Tenemos una saga de represiones para aplicar el plan de ajuste al servicio de la banca internacional que el gobierno nacional pactó con los gobernadores provinciales”.

“Las enormes movilizaciones obreras y populares de diciembre se interpusieron en el plan de guerra contra los trabajadores que está en marcha, hoy repudiado por una mayoría popular.  La persecución a César, Dimas y los detenidos del 14 de diciembre, quiere correr el eje de lo que pasa en el país que contra los despidos y todo el ajuste. Vamos a redoblar la apuesta: por un paro activo nacional en febrero para que millones de trabajadores paremos la reforma laboral y logremos la despenalización de todos los compañeros”, sentenció.

Por último, Jorge Altamira opinó que  “esta causa ha convertido la protesta social en una actividad penada por el Código Penal. Arakaki es un militante político y sindical que participó de una movilización que rechazaba que el Congreso sancionara la reforma jubilatoria. Es entonces una actividad política que el gobierno somete al Código Penal”.