Organismos del Estado buscan impedir que Odebrecht cobre $1.500 millones por contrato ilícito de obras de Gasoductos

País (6/6/18). La medida cautelar solicitada pretende evitar que una empresa que reconoció el pago de sobornos pueda beneficiarse por los delitos cometidos y que se encuentran bajo investigación judicial.

La Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Energía y Minería y la Procuración del Tesoro de la Nación solicitaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°3 para impedir reclamos económicos por parte de Odebrecht.

La presentación ante la Justicia apunta a proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe realizando reclamos mientras se llevan adelante las investigaciones por distintos delitos de corrupción y se determina el daño sufrido por el Estado.

Ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la constructora Odebrecht reclama el pago de más de 450 millones de pesos y 45 millones de dólares.

El pedido de la empresa se basa en el contrato que fuera firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 pero que ahora está cuestionado ante la justicia.

“Repudia una noción básica de justicia y equidad, el hecho de que alguien pretenda sacar rédito a costa del interés público con fuente en una actividad delictiva, lo que es más grave cuando el pretenso beneficiario es quien estructuró su propia organización para esos fines espurios, como surge en el caso de la hipótesis reconocida por Odebrecht en los EEUU”, se sostiene en el escrito.

Para los representantes del Estado “configuraría un escándalo jurídico que Odebrecht prosiga un reclamo en un tribunal de arbitraje fundado en un contrato nulo por ilicitud en su causa y objeto”.

En marzo de este año el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal N°3 dictó el procesamiento del ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios de distintas áreas bajo su órbita: secretario de Energía, subsecretario de Energía Eléctrica y subsecretario de Combustibles, considerando que crearon un sistema normativo para favorecer a Odebrecht otorgándole el contrato de la ampliación de los gasoductos TGS y TGN (obras 2006 – 2008).

Se demostró cómo esos funcionarios desviaron la voluntad del Estado para favorecer indebidamente a la firma. Ahora, la OA, el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro le solicitaron al juez que impida el reclamo de la constructora.

La empresa Odebrecht, que reconoció el pago de sobornos en Argentina durante el período 2007/2014 por una suma global de 35 millones de dólares, pretende ahora cobrar otros 1.500 millones de pesos adicionales (además de los 18 mil millones cobrados en la ejecución) basado en contratos que fueron obtenidos en forma ilícita.

En la justicia actualmente existen 3 causas en curso en las que se investigan sobornos por parte de la empresa para la obtención de los contratos: Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 (y por los que la empresa pretende reclamar una indemnización); Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento; y Aguas y Saneamiento Argentinos S.A. (AYSA).