Por la Ley de Paridad, hay récord de concejalas bonaerenses

Buenos Aires (21/6/18). La Ley de Paridad bonaerense permitió que más mujeres accedan a los concejos deliberantes. Teniendo en cuenta los 135 municipios, el porcentaje promedio de concejalas pasó del 33% al 40% (es decir: creció 21%), récord histórico para la provincia.

Esto se debió a que la ley obliga a las agrupaciones a ubicar a hombres y mujeres de manera alternada, brindándoles a candidatos de ambos géneros posibilidades similares de resultar electos.

Como consecuencia más mujeres obtuvieron bancas: ellas representaban un 33% de los nuevos concejales en 2015 y el 45% en 2017, según el documento de CIPPEC Sin barreras. La Ley de Paridad en los municipios bonaerenses”, elaborado por las investigadoras asociadas del programa de Instituciones Políticas María Page y Mariana Caminotti y el analista Lautaro Cella. 

La regla de paridad fue más efectiva en los municipios en los cuales pocos partidos accedieron a bancas y donde había más cantidad de bancas en juego. “Como ocurría con la cuota, las posibilidades de las mujeres mejoran cuando pocos partidos concentran los votos y en los concejos más grandes, donde hay más bancas en juego”, explica María Page.

En cambio, si muchos partidos acceden al reparto de bancas o hay pocas bancas en juego, entran menos mujeres porque las listas siguen encabezadas mayoritariamente por hombres. En esta primera implementación, las características poblacionales, sociodemográficas o económicas de los municipios no parecen afectar las chances de las mujeres.

En algunos casos, se observa el efecto de la paridad con especial intensidad: Pinamar eligió en 2015 un 14% de concejalas, mientras que en 2017, un 42% con la Ley de Paridad. Zárate pasó de elegir un 20% de concejalas en 2015 a un 40% en 2017. Por su parte, San Miguel eligió un 16% de mujeres en 2015 y un 41% en 2017.

En 2015, Florencio Varela y Lanús eligieron un 25% de concejalas y en 2017, un 50%. Además, en 67 municipios se eligió un 50% o más de mujeres, algo que en 2015 sólo había ocurrido en 15 de los 135 casos.

Considerados todos los concejos, el cambio es notorio: antes de la paridad, en un tercio de los concejos las mujeres representaban menos del 30% de los miembros, ubicándose por debajo del piso al que aspiraba la Ley de Cupo. Ahora sólo quedan cuatro municipios en esa situación: Pinamar, Suipacha, Mar Chiquita y Benito Juárez. En el resto, las concejalas son el 30% o más.

Participación de las mujeres en los concejos deliberantes antes y después de la primera implementación de la paridad de género. Provincia de Buenos Aires (2017).

La experiencia de la provincia de Buenos Aires muestra que las reglas que reservan lugares en las listas para las mujeres tienen un efecto positivo sobre su representación en el nivel municipal. Sin embargo, hasta ahora ese efecto no parece extenderse a las posiciones de autoridad dentro de esos concejos, ni a los cargos ejecutivos municipales.

“En los próximos años será preciso evaluar si la paridad alcanza para promover un mayor acceso de las mujeres a posiciones de poder político. Posiblemente, para lograr la representación política paritaria de los géneros, se requieran medidas complementarias que equiparen el tiempo que mujeres y hombres pueden dedicar a la actividad política”, evalúa Page.

Luces amarillas

A pesar de estos resultados positivos, la Ley de Paridad bonaerense enfrenta desafíos a futuro. Una decisión administrativa de la Junta Electoral (la Resolución Técnica 114) generó reglas diferenciadas para las agrupaciones según tengan o no competencia interna en las primarias.

“A pesar de la decisión de la Junta, la mayoría de las agrupaciones respetó las exigencias de la Ley de Paridad y el porcentaje de mujeres electas aumentó. Sin embargo, la resolución genera incertidumbre respecto de la implementación de la paridad en elecciones futuras. Las agrupaciones podrían usar estratégicamente las excepciones habilitadas por la Junta”, destaca Page.

Para preservar el efecto de la Ley de Paridad,  la investigadora de CIPPEC, opinó que “se necesita una reglamentación que precise que las exigencias se deben cumplir tanto en las listas de precandidatos como en las de candidatos para la elección general”.

También, recomendó monitorear, sistematizar y difundir información sobre la participación política y electoral de las mujeres en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el nivel municipal, donde hay poca disponibilidad de datos.