Luz verde del Gobierno a las empresas implicadas en casos de corrupción para que sigan haciendo obras

País (4/10/18). Así lo confirmó el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Anunció que las compañías tendrán que pagar un resarcimiento por los daños al erario público y suscribir «códigos de buena conducta».

El Gobierno nacional ratificó – a través de una resolución- que permitirá que las empresas que ante el juez federal Claudio Bonadio admitieron que pagaron coimas sigan realizando obras públicas.

Dichas empresas que están implicadas en causas por corrupción podrán seguir adelante y participar en licitaciones, a condición de apartar a los ejecutivos involucrados y cumplir códigos de buena conducta, según una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa, dictada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, implica que esas firmas podrán seguir participando en licitaciones y en el programa de Participación Público Privada (PPP).

«Todas las empresas que quieran participar de la obra pública van a tener que pasar por este tamiz de control», señaló el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, tras confirmar que las compañías tendrán que pagar un resarcimiento por los daños al erario público y suscribir «códigos de buena conducta» y «programas de integridad».

En declaraciones publicadas hoy por la prensa, Saravia Frías anunció que «por pedido del presidente Mauricio Macri» el Gobierno «va a exigir que den un paso al costado aquellos accionistas estratégicos que están involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas».

«No se puede confundir a las personas jurídicas con las físicas, que son sus accionistas o directores. Estamos hablando de empresas que tienen miles de trabajadores, que tienen el conocimiento para hacer toda la obra pública en el país. El bien común está por encima de todo», subrayó el procurador del Tesoro.

La resolución 27/2018 aprueba los «lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento» de los artículos 22 y 23 de la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.