Mestrista rechazó proyecto que otorga “amplias facultades” al gobernador para vender inmuebles del Estado

Córdoba (4/10/18). La Unicameral inició el tratamiento del proyecto de ley  26.237, girado por el Ejecutivo, que regula la organización, administración, dirección, fiscalización, e instrumentación de la disposición o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles del Estado. 

“Este proyecto otorga amplias facultades al gobernador, -violentando la Constitución Provincial- para vender los inmuebles desocupados ya que no requerirá de la autorización de la Legislatura de Córdoba en esos casos”, resaltó el legislador Javier Bee Sellares (Cambiemos).

El radical del riñón mestrista advirtió que “si esta medida se toma porque a la Provincia le faltan recursos, se debe buscar otro mecanismo de recaudación que no pase por disponer del patrimonio inmobiliario provincial”.

El parlamentario opositor puso el acento en el artículo  9 del proyecto 26.237 tratado ayer en la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y Economía. Al respecto, Bee Sellares manifestó que se  viola el artículo 104 de la Constitución ya que “corresponde a la Legislatura Provincial legislar sobre el uso y enajenación de las tierras de propiedad del Estado Provincial”.

En ese plano, argumentó: “El constituyente dispuso estas reglas para que la venta o el uso de los inmuebles provinciales no fuesen decididos por el Poder Ejecutivo ya que debe participar el Poder Legislativo mediante la sanción de una ley que lo autorice. Legislar se usa como sinónimo de ‘autorizar mediante ley’. Esta interpretación se hace luego de analizar similares artículos en la Constitución Nacional y la Carta Orgánica Municipal de Córdoba”.

El proyecto establece que cualquier acto de disposición de bienes inmuebles será siempre autorizado por ley, pero que sin perjuicio de ello, el gobernador podrá disponer de aquellos inmuebles desocupados y que no sean requeridos por ninguna otra jurisdicción y lo podrá hacer en forma de venta directa fracasados los procedimientos de licitación, subasta electrónica o remate público.