Tras oficializarse el nuevo reglamento para la Policía, se desató la polémica y el rechazo

 

País (4/12/18). «La legalización del gatillo fácil no pueden hacerla sin atacar a las organizaciones de DDHH y antirrepresivas que vamos a luchar contra el avance represivo», denunció la Correpi.  Desde la cartera de Seguridad se negó que la nueva normativa para las fuerzas de seguridad avale el ‘gatillo fácil’.

La nueva reglamentación avala a las fuerzas de seguridad a disparar a sospechosos de delitos aún cuando posean réplicas de armas, huyan tras cometer un delito o cuando se presuma que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el nuevo reglamento «va a generar confianza en la defensa de la sociedad» y cambia la antigua doctrina de que los policías «tenían que esperar que el delincuente tire primero» para poder repeler una agresión.

El nuevo reglamento había sido firmado por Bullrich el jueves de la semana pasada, pero entró en vigencia este lunes mediante su publicación en el Boletín Oficial, cinco días antes de que se cumpla un año del denominado caso Chocobar, en el que el policía Luis Chocobar mató a un ladrón que huía tras robarle y herir a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.

La resolución 956/2018 dispone que el uso de armas letales es válido por parte de las fuerzas federales de seguridad en «defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves» o «para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas».

También «para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad» o «para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención».

La normativa considera «peligro inminente» cuando «se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas», o en caso de que «el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal».

Posiciones antagónicas

Tras la oficialización del nuevo reglamento impulsado por la ministra Bullrich, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) expresó que «esta norma publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas».

Cuestionó además que «esos intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, que a veces incluso logran ‘conmover’, como ellos mismos dicen, a jueces y fiscales que premian en gatillo fácil con el sobreseimiento y la absolución igual de fáciles, hoy, Cambiemos mediante, son ley en Argentina».

Al salir al cruce de las declaraciones de la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, la organización advirtió que «la legalización del gatillo fácil no pueden hacerla sin atacar a las organizaciones de DDHH y antirrepresivas que vamos a luchar contra el avance represivo».

«Legalizan el gatillo fácil para reprimir sin problemas en los barrios populares, con un ajuste económico que empuja a miles al hambre y la pobreza», aseveró la Correpi, al tiempo que sentenció: «Cambiemos no se sostiene sin represión».

Por su parte, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, aseguró que el nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego para las fuerzas federales de seguridad, es una medida para unificar los protocolos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y desestimó que avale el ‘gatillo fácil’.

“Lo que tenemos hoy es un relato sobre el gatillo fácil, que se le adjudica a esta gestión. Pero bajamos el índice más de la mitad”, defendió el funcionario nacional.

A su vez, indicó que las circunstancias para que un oficial utilice las armas de fuego están “muy determinadas” y que siempre estará la Justicia para determinar si el agente actuó de manera correcta.

Desde el Frente de Izquierda, se pronunció la legisladora porteña, Myriam Bregman, quien destacó: «Todos y todas debemos manifestar ampliamente el repudio a la resolución sobre la ampliación del uso de armas de fuego. Con toda nuestra fuerza».

«Patricia Bullrich modifica el Código Penal por resolución ministerial. Interesantísimo lo suyo, pero inconstitucional», cuestionó la parlamentaria y abogada.