La jueza Vidal autorizó a Llaryora a competir por la intendencia de Córdoba

Córdoba (4/4/19). Era un secreto a voces que la Justicia Electoral resolviera a favor del candidato a intendente de Hacemos por Córdoba.

“Posee residencia continua e inmediata a la elección desde el año 2014 en que alquiló por primera vez en Córdoba hasta la fecha, la que no se encuentra interrumpida”, se advierte en la resolución.

El Juzgado Electoral Provincial, a cargo de la jueza Marta Vidal, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la alianza “Hacemos por Córdoba” ante la impugnación del Frente Cívico y la UCR avalada por la Junta Electoral Municipal (JEM).

En consecuencia, revocó el resolutorio emitido por la JEM que impedía al candidato a intendente de Córdoba Martín Llaryora participar en los comicios convocados para el domingo 12 de mayo.

En su resolución, la magistrada señaló que la Junta Electoral Municipal al desconocer la existencia y eficacia probatoria de los contratos de locación de inmueble a nombre de Llaryora, en una consecución ininterrumpida de hechos y actos válidos concatenados, con pago de servicios y expensas, privó de la prueba fundamental para demostrar la residencia del candidato impugnado.

“El candidato posee un nexo de conocimiento con el electorado de la ciudad y no solo una relación ‘de asiento’, más allá del domicilio que figuraba en su documento, en la ciudad de San Francisco, donde reside su grupo familiar, con el cual y quizá por diversas razones, no pueda convivir en forma cotidiana; empero posee residencia continua e inmediata a la elección del 12 de mayo, desde el año 2014 en que alquiló por primera vez en la capital de Córdoba, la que no se encuentra interrumpida”, expresa la resolución.

“La voluntad y su vínculo político y profesional con la ciudad queda evidenciada en el itinerario de compromisos institucionales que ha venido asumiendo el candidato, vínculo que ha perdurado hasta la fecha”, agrega el dictamen.

La magistrada, asimismo, concluyó que el domicilio constituye sólo una presunción “iuris tantum”, es decir, que admite prueba en contrario, ya que el candidato puede no figurar en el padrón municipal de la ciudad de Córdoba, no tener domicilio en ella en su documento de identidad, “pero sí acreditar residencia como condición del control de legalidad y requisito esencial para legitimar su postulación”.

“Serán finalmente los electores del municipio de la ciudad de Córdoba quienes con su voto decidan el destino de sus habitantes”, enfatizó.