Con la presentación del Presupuesto 2020, la deuda provincial (atada al dólar) nuevamente eje de la polémica

Córdoba (12/11/19). El titular de la cartera económica del Gobierno provincial presentó este martes el proyecto de Presupuesto para el año próximo y las otras dos iniciativas que componen el paquete económico.

El ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, brindó este martes los lineamientos generales del proyecto de Presupuesto 2020 y las otras dos iniciativas que componen el paquete de leyes económicas.

Atento a la situación económica nacional, Córdoba vislumbra un año de austeridad con ingresos y gastos que se ubicarán en los 253 mil millones de pesos, por debajo de los 269 mil millones de 2019.

De similar manera se prevé una inversión de 41 mil millones de pesos para 2020, menos de los 49 mil millones de 2019, que se cubrirán con 12 mil millones de pesos de ahorro disponible y 29 mil millones de endeudamiento.

“Hay un cuidado en los gastos y eso permite conservar capacidad de ahorro y seguir con inversiones, aunque con un ritmo menor al del año anterior”, precisó Giordano. Se calcula que la recaudación provincial crecerá un 42% el año próximo.

Desde la oposición apuntaron sus críticas contra la deuda en dólares que tiene la provincia y advirtieron que el proyecto de Presupuesto 2020 es un «dibujo para ocultar el endeudamiento y el ajuste».  En respuestas a los cuestionamientos, Giordano insistió en aclarar que la deuda es «manejable» y que se tomó para hacer obra pública que necesita Córdoba.

El proyecto contempla, en materia de simplificación impositiva, la creación de un registro único tributario que permitirá el entrecruzamiento de información de contribuyentes de IVA e Ingresos Brutos y la puesta en marcha hacia marzo del año próximo de la unificación de los cobros de IVA, II.BB. y tasas municipales, lo que representará un ingreso adicional de 50 millones de pesos mensuales.

Paralelamente se profundizará el proceso de reducción y simplificación de alícuotas acordado en el Pacto Fiscal al llevar las 80 alícuotas vigentes de II.BB en 2019 a sólo 20, en 2020. “Debemos prever un año próximo con menos recursos que los de 2019”, anticipó el titular de la cartera de Finanzas, explicando el declive por la caída de ingresos ligados a la actividad económica.

Se dispone, además, de la segmentación de los impuestos patrimoniales como el inmobiliario urbano y rural en función de la capacidad contributiva de sus propietarios.

En cuanto al impuesto inmobiliario urbano, se proyecta una actualización del 53% para las propiedades que tienen una valuación fiscal inferior a 3,5 millones de pesos y que representan el 79% del total; un incremento del 42% para aquellas cuyo valor fiscal se ubica entre 3,5 y 10 millones de pesos y que son 18% del total y del 57 por ciento para aquellas valuadas entre 10 y 25 millones de pesos.

Respecto del inmobiliario rural, los ajustes oscilarán entre el 46% y el 77% según la extensión y valuación del predio. En su presentación, Giordano recordó que aproximadamente el 60% del total de las imposiciones sobre los inmuebles rurales pasa a engrosar el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, es decir un fondo cuyos recursos son administrados de manera independiente y se destinan a a infraestructura productiva.

En su exposición ante los legisladores oficialistas y del arco opositor, el ministro de Finanzas resaltó que este proyecto de Presupuesto 2020 pone énfasis en la simplificación tributaria, en la reducción de impuestos distorsivos, en el mantenimiento de las exenciones y subsidios a sectores vulnerables y en la simplificación de los servicios del Estado.

Ejes del Presupuesto 2020

  • Simplificación y unificación tributaria mediante el Monotributo Unificado Córdoba (MUC), el Listado Único de Alícuotas (LUA) y la eliminación del certificado fiscal.
  • Reducción de impuestos distorsivos: rebaja de alícuotas de Ingresos Brutos previstas en el Consenso Fiscal.
  • Continuidad de las exenciones en el inmobiliario urbano que ya este año beneficiaron a 95 mil personas.
  • Modernización de la administración pública para simplificar los servicios y optimizar los recursos.