Se reduce «al mínimo» la participación de agentes de inteligencia como auxiliar de Justicia

País (15/1/20). La Agencia Federal de Inteligencia estableció además que los medios «técnicos y humanos» de la ex Side deberán dedicarse al «estricto cumplimiento de las funciones de producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo».

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) oficializó hoy su decisión de limitar «al mínimo» la participación de agentes de inteligencia como auxiliares de la Justicia y estableció que los medios «técnicos y humanos» de la ex Side deberán dedicarse al «estricto cumplimiento de las funciones de producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo».

Así lo dispuso la resolución 17/2020, publicada en el Boletín Oficial, bajo la firma de la interventora Cristina Caamaño; y se trata de la primera modificación del funcionamiento del organismo luego de que el presidente Alberto Fernández adelantara días atrás cambios en la AFI, intervenida el 20 de diciembre pasado.

El artículo 1 de la normativa establece que los «medios técnicos y humanos» de la AFI deberán abocarse al «estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional».

También dispone la «reducción al mínimo» del «ejercicio de las funciones de investigación criminal» así como su «participación como auxiliar de la justicia, ciñéndose exclusivamente a las materias propias del Organismo, establecidas legalmente».

Se comunicó a los jueces y fiscales con «competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto» a los efectos de que dichos funcionarios «apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención» de la AFI en «actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales».

La resolución fue dada a conocer a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuración General de la Nación.