Las tres claves del proyecto oficialista que introduce cambios en el régimen docente municipal

Ciudad de Córdoba (24/6/20). La iniciativa impulsada por los concejales de la bancada de Hacemos por Córdoba pone la lupa sobre los fondos que se destinan a «licencias injustificadas», bonificaciones que «no tienen sustento» y en empleados que «no revisten la condición de docentes». El concejal Viola defendió el proyecto y apuntó sus críticas contra la gestión Mestre.

El proyecto de ordenanza del bloque de concejal de Hacemos por Córdoba tomó estado parlamentario en la sesión virtual y semipresencial de este miércoles y pasó a comisión para su tratamiento.

Se especula que el oficialismo apretará el acelerador para su debate en comisión y su posterior aprobación en el seno del cuerpo deliberativo.

Ante el impulso a este proyecto que cuenta con el visto bueno del Ejecutivo municipal, el oficialismo advirtió que el funcionamiento del escalafón docente es un claro ejemplo de que «el Estado ha venido funcionando ineficientemente, con irregularidades e injusticias que terminan afectando las arcas municipales y su funcionamiento».

«Este desorden administrativo carece de principios claros, y establece recompensas y/o bonificaciones sin un criterio justo, y plagado de arbitrariedades«, afirmó la bancada peronista en los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto pone la lupa sobre los recursos que se destinan a las «licencias injustificadas», bonificaciones que «no tienen sustento» y en empleados que «no revisten la condición de docentes».

Se busca de esta manera, limitar situaciones de pasividad en los cargos, diferenciar las tareas que desarrollan docentes y no docentes y poner límite al cobro de bonificaciones que se generalizaron a todo el personal docente.

Al sostener que hay una norma «en exceso genérica» como es la 10.010 (Reglamento de la Actividad Docente Municipal), el oficialismo afirmó que «esto permite que en la actualidad tengamos a gran parte del personal que presta tareas ajenas a la educación, con el escalafón y régimen salarial que corresponde a docentes».

El cambio que se pretende introducir limita el alcance de dicha ordenanza, con la premisa de «iniciar el reordenamiento y adecuación de los salarios a las tareas efectivamente prestadas por los agentes» docentes.

Por otro lado, se busca modificar el artículo 27 de la ordenanza 7.974 por la que se establece la bonificación por «ubicación» desfavorable que abarca a todos los docentes incluidos en el ordenamiento. La realidad es que hoy ese plus lo percibe también el personal docente que presta tareas administrativas, en el Palacio 6 de Julio.

La bancada oficicalista manifestó que se limitará el alcance de la bonificación para aquellos docentes que «efectivamente presten tareas en las zonas desfavorables».

Será el Ejecutivo municipal, mediante reglamentación, el que determine específicamente qué escuelas municipales revisten esta condición.

Sin embargo, desde Hacemos por Córdoba rechazaron que esto implique «un recorte», sino avanzar en «unificar y mejorar las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de los docentes municipales, restableciendo la igualdad entre función y remuneración».

A propósito, se subrayó que esta bonificación por ubicación desfavorable se mejorará. Hay una decisión del municipio de otorgar este plus de hasta el 30% del sueldo básico, en lugar del 20% establecido.

La tercera clave de la iniciativa oficialista tienen la finalidad de ordenar el régimen de licencias de los docentes. Según los argumentos de la bancada mayoritaria «para que aquellos que por medio de dictamen médico están imposibilitados de prestar tareas frente al aula, se los readecuará al régimen general del Empleado Municipal, de acuerdo a las tareas que efectivamente puedan prestar».

De la misma manera, se fijan criterios para «poder gozar efectivamente del Estado Docente, a los fines de su destino a tareas pasivas definitivas, o a la readecuación dentro del Estatuto del Empleado Municipal». Se establece un requisito de 20 años efectivos al frente del aula para poder revestir este carácter.

«Todas estas medidas tienden a dotar de racionalidad al Estado. No busca atacar derechos salariales, ni afectar las tareas que efectivamente se prestan en nuestras escuelas. Es buscar que la inversión que hoy tiene la Municipalidad de Córdoba en educación, vaya a donde tiene que ir, es decir al mejoramiento edilicio, y a la calidad educativa», aseveró el bloque comandado por Juan Domingo Viola al defender el proyecto oficialista.