Córdoba. El oficialismo aprobó el proyecto de ley enviada por el Ejecutivo provincial que, a través de una enmienda, modifica el contrato original suscripto entre el gobierno de Córdoba y la empresa Intel Software de Argentina.
La cuestionada enmienda al contrato marco contó con el acompañamiento del bloque radical. Para muchos fue una sorpresa la decisión que tomaron los parlamentarios de la UCR, cuyo presidente Eduardo Yuni, había expresado al diario Alfil que se evaluaba una presentación en Tribunales si el proyecto era sancionado.
Los radicales decidieron proponer que el gobierno gestione ante Intel una nueva modificación. La intención sería que la empresa priorice a Río Cuarto y a otras ciudades del interior con sus inversiones.
La oposición centró sus críticas en el “incumplimiento” del contrato por parte del gobierno, por no haber construido un edificio que albergaría el Centro de Desarrollo de Software de Intel, teniendo que afrontar una “indemnización” de 3,5 millones de dólares a abonar en 6 cuotas anuales a la empresa.
Desde el tecnicismo de la letra del proyecto sancionado ley, la enmienda tiene por objeto “redefinir las obligaciones de las partes emergentes del Contrato marco originario” que se registra en el Protocolo de Tratados y Convenios De la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el N° 20/2012.
Declaraciones a favor y en contra
Desde la bancada oficialista, el legislador Ricardo Sosa, defendió el “esfuerzo” del gobierno en materia de promoción del sector TIC, manifestando que todos los convenios firmados con empresas de la industria de la tecnología de la información “tuvieron éxito”, y destacó la generación de “9.600 empleos en forma directa”.
Además, Sosa calificó de “necesario y beneficioso” el nuevo acuerdo alcanzado con Intel. Y tildó de “profetas del atraso” a los que se oponían al proyecto sancionado.
A su turno, la legisladora Nancy Lizzul (Frente Cívico) expresó el voto en contra a la iniciativa enviada por De la Sota, haciendo hincapié en el “incumplimiento” de la provincia y que se “obliga a los cordobeses a pagar a Intel más de 6 millones de dólares (alquiler e indemnización), a costear el 7,5 por ciento del costo laboral de la empresa y a eximirlos de todos los impuestos provinciales a cambio de ninguna contraprestación”.
Recordó en su discurso, que la empresa se comprometió a crear 400 puestos de trabajo y que “en 7 años, sólo generó 200”.
Desde el Frente de Izquierda, Liliana Olivero criticó: “que vamos a discutir, ya está todo cocinado” y acusó al gobierno de indemnizar a una multinacional con 3,5 millones de dólares por su incumplimiento”. Además, señaló que “la empresa se puede ir cuando quiera” y que Intel “lo tiene todo”.
También manifestó su rechazo el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) argumentando que “reivindica el uso del capital al servicio del desarrollo de los pueblos. Pero acá el capital de Córdoba está al servicio de Intel”.
Exhortó a los funcionarios que en futuras negociaciones, incluyan alguna cláusula de compromiso expreso, para que los productos que Intel elabore se incorporen a Córdoba y a su riqueza.
En síntesis
La modificación contractual aprobada por los legisladores establece que la Provincia hará un aporte económico de 3,5 millones de dólares a Intel, pagadero en 6 anualidades, para que la empresa instale y establezca en Córdoba su Centro de Desarrollo, en uno o más inmuebles.
https://docs.google.com/file/d/0ByVtoImXcPkoZzg3R01DR1VtNTA/edit
(*) imagen, gentileza Prensa Poder Legislativo
