El bloque UCR impulsa ley sobre Ética Pública y Comisión Especial por videocámaras en guarderías

Córdoba. El bloque de legisladores provinciales de la UCR a solicitud del parlamentario Rodrigo De Loredo presentó un proyecto que establece la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El objeto de la propuesta establece normas y pautas relacionadas al buen desempeño de todos los funcionarios que presten servicios, remunerados o no remunerados en todos sus niveles y jerarquías, en función pública.

La iniciativa contempla a todas las dependencias centralizadas, descentralizadas y autárquicas del Estado provincial, empresas y sociedades del Estado, mixtas y con participación estatal.

Además, en sociedades donde el Estado sea accionista y actúen en su representación, cooperativas prestatarias de servicios públicos concedidos por el Estado, entes reguladores de servicios y en todo Ente en que el gobierno tenga alguna forma de participación, sea en el capital o la dirección.

El legislador explicó que “debe entenderse por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

En ese sentido, añadió: “todo funcionario público debe cumplir personal y eficientemente la función que le corresponde en la entidad a la que sirve, en las condiciones de tiempo, forma y lugar que determinan las normas correspondientes”.

“La transparencia, el control y la eficiencia en la gestión pública es una demanda permanente de la sociedad democrática, en parte dirigida al conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias para que continúen en la búsqueda de los mecanismos legislativos que conduzcan al logro de aquellos fines”, afirmó el parlamentario Radical.

Comisión Especial

Por su parte, la legisladora Elisa Caffaratti, propone la creación en el ámbito del Poder Legislativo de una Comisión Especial encargada del estudio, análisis y modernización de la legislación que regula las instituciones educativas privadas que albergan niños hasta 4 años, en el marco de los casos de violencia que han tomado estado público.

Caffaratti manifestó que la Comisión de Educación comenzó con el estudio del proyecto del oficialismo que obliga a guarderías y geriátricos de Córdoba a instalar videocámaras. Dicha iniciativa fue considerada por la legisladora  “carente de consistencia en lo que respecta a garantizar la integridad de los niños, niñas y ancianos de Córdoba”.

Por ese motivo, plantea que la propuesta se analice en la Comisión Especial con la finalidad de “generar un profundo debate en el que se escuchen todas las voces involucradas en la problemática”.

De esta manera, la parlamentaria radical considera que se alcanzará “una iniciativa superadora, que proteja acabadamente los derechos de los niños y brinde tranquilidad a los padres que deben dejarlos al cuidado de los profesionales de estas instituciones”.

“Es importante reconocer que nos encontramos ante un problema que necesita ser abarcado de manera integral, escuchando a todos los sectores involucrados y trabajando de forma conjunta para encontrar el camino adecuado”, aseveró.