Nacionales. El oficialismo en el Congreso daría un tratamiento exprés a la reforma de la justicia, anunciada por la presidenta de la Nación en el día de ayer, en Casa Rosada, sin la presencia de los bloques parlamentarios de la oposición.
La “democratización de la justicia” implica un paquete de seis proyectos, de los cuales se destaca la elección a través del voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, y pone límite a las cautelares contra el Estado.
La Jefa de Estado fundamentó las iniciativas, reiterando que apuntan a que el actual funcionamiento del Poder Judicial “exige una democratización para darle mayor legitimidad a uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante, porque es el último lugar donde se revisan los actos” del gobierno y en el que “se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos”.
El ex jefe de gabinete y actual senador oficialista, Aníbal Fernández fue consultado por la prensa con respecto al tratamiento de los proyectos enviados por el Ejecutivo al Parlamento: «ya viene discutido y preparado. Tampoco uno tiene que ser un negado para que habiendo un error no pueda ser subsanado para llevarlo a la práctica. Lo hemos chequeado y estamos tranquilos de que no debiera haber objeciones».
A su vez, aseguró que el objetivo es “mejorar la calidad de la justicia”.
Algunas leyes ingresarán por la Cámara de Senadores y otras harán lo propio por Diputados, según detalló la mandataria. En ese sentido, se barajó la posibilidad de comenzar con su tratamiento, esta misma semana, en Comisiones del Senado.
Desde la oposición
Por el radicalismo, el presidente del bloque de diputados, Ricardo Gil Lavedra destacó que los proyectos del Ejecutivo nacional «tienden a politizar a la Justicia» y a «tener injerencia» en ese poder.
«Me parece que la posibilidad de democratizar la Justicia queda frustrada con esta iniciativa, porque democratizar es acercar la Justicia al pueblo, hacerla más permeable, transparente y con rendición de cuenta», consideró el legislador respecto a los proyectos lanzados por la jefa de Estado respecto al área judicial, señaló en diálogo con radio El Mundo.
La UCR, El Frente Peronista, Victoria Donda del FAP y Elisa Carrió de la Coalición Cívica habían anticipado el rechazo a las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, con motivo de haber recibido la invitación al acto donde la presidenta anunció la reforma de la justicia. (Leer nota: “La oposición adelantó que no asistirá al acto por la democratización de la justicia”)
¿A que apuntan los 6 proyectos de ley?
• Reforma del Consejo de la Magistratura para que los miembros sean elegidos por voto popular. Se amplía de 13 a 19 miembros: además de legisladores, jueces y abogados, se integrarán cinco académico de diferentes extracciones. No serán elegidos por voto los representantes del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
• Ley de ingreso democrático al Poder Judicial: Ya no se privilegiará para ser juez al que ya pertenezca al Poder Judicial. Se implementará un concurso previo para cubrir vacantes. Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen, y si los postulantes exceden los cargos a cubrir, se realizará concurso público.
• Nuevo Registro Público de Causas en todos los tribunales para mejorar el acceso de la información.
• Ley que establezca la obligatoriedad de presentación de las declaraciones juradas del Poder Judicial y del Poder Legislativo, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo.
• Regulación de medidas cautelares contra el Estado para agilizar las sentencias definitivas. No podrán superar los seis meses las resoluciones de fondo.
• Se crearán tres Cámaras de Casación: Contenciosa Administrativa Federal; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial, para aliviar trabajo de la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia.
Además se actualizarán los Códigos Civil, Comercial y Penal y se reformarán los códigos procesales para modernizar los procesos judiciales y acortar plazos.
