El legislador Carlos Gutiérrez (UPC) defendió la decisión política del gobierno de De la Sota de que el Estado se haga cargo de la terminal, luego de haber pasado por la concesión en manos de Netoc y de un polémico proceso de licitación que quedó trunco.
El martes por la tarde, la mayoría de UPC rubricó el Despacho. En esa oportunidad, el parlamentario oficialista sostuvo que esto implica “llevar adelante la decisión del Poder Ejecutivo de constituir una sociedad del Estado para administrar la Terminal de Ómnibus”.
El condimento político siempre presente, esta vez, fue con críticas al accionar del bloque radical por solicitar que se incluya la participación de la oposición en los organismos de control y el cuestionamiento del diputado Mario Negri vía la red social Twitter.
A renglón seguido, el legislador advirtió que “mal podríamos haber estado planteando el otorgar esos espacios, cuando nunca lo hemos hecho”.
También, se refirió a la posición adoptada por el Frente Cívico, al mencionar que “juzga a priori, y pide poner un cepo a la sociedad del Estado” para evitar tercerización.
Sobre este punto de debate, el ex ministro de Agricultura puntualizó: “no va a tercerizar el objeto principal. El objeto social para el cual ha sido enviado este proyecto a la Legislatura”.
El rechazo de la oposición
Asimismo, el parlamentario del centenario partido recordó que la UCR le acercó al oficialismo varias propuestas de modificación de la iniciativa original que “apuntaban a otorgarle mayor transparencia a esta Sociedad del Estado, pero ninguna de ellas fue tenida en cuenta”.
Según De Loredo, el radicalismo propuso que “se garantice la prohibición a la Sociedad del Estado de tercerizar, concesionar, privatizar o cumplir su objetivo social por terceras personas”. Y que “la Sindicatura, esté integrada por representantes de la oposición política con representación legislativa”.
Además, de la presentación de informes trimestrales a la Legislatura y que la Sociedad del Estado se rija en cuanto a su régimen de compras y contrataciones por la ley provincial que regula el sistema de contrataciones de la administración central (ley Nº 7631).
El bloque juecista ya había manifestado que la decisión de constituir una Sociedad del Estado se inscribe en “hechos de corrupción” que fueron denunciados ante la justicia.
El Frente Cívico destacó las modificaciones que sufrió la asignación de recursos para la realización de la obra de la nueva terminal inaugurada por Schiaretti.
“Una obra que iba a costar $78 millones y que, a lo largo de 2 años, se fue reajustando hasta ser una obra de más de $120 millones sin contar los $50 millones que aún faltan para dejar la Terminal 2 en pleno funcionamiento”, afirmaron.