Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a temas de justicia fijaron posición sobre la “democratización de la justicia” que impulsa el Ejecutivo nacional.
Para las instituciones sociales, algunas de las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso -en referencia a los 3 proyectos que se aprestan a votar en Diputados esta semana – suponen “riesgos serios para el Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales”.
Sobre los cambios al Consejo de la Magistratura, señalaron que el artículo 114 de la Constitución Nacional establece que “el Consejo debe cuidar el balance entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.
Y que el “proyecto remitido quita esa representación a los letrados y a los jueces y se la da en exclusiva al poder mayoritario”.
En ese sentido, afirmaron que se pone en jaque el mecanismo contra mayoritario de control judicial, con la “decisión de hacer coincidir la elección popular de sus miembros con las elecciones generales”. Lo que implicará que la fuerza mayoritaria “domine el Consejo”.
A lo que se suma, -cuestionaron- que “una sola fuerza política maneje a su arbitrio la totalidad de las decisiones de dicho organismo”, en resoluciones relevantes como elegir jueces y removerlos.
Además, desde las asociaciones reclamaron que jueces, abogados y académicos “se vean obligados a vincularse a fuerzas partidarias y, en consecuencia, a perder autonomía a la hora de adoptar decisiones que pudieran afectar sus intereses”.
Medidas cautelares
Sobre el proyecto que limita las medidas cautelares, sostuvieron que “implica un retroceso en la protección del derecho de las personas a una respuesta judicial oportuna”, justamente, fueron incorporadas “para proteger a las personas de los abusos del Estado”.
Por lo tanto, consideraron que “han sido una herramienta clave utilizada en la historia de nuestro país y corrigen la asimetría de poder entre el Estado y los particulares”.
Nuevos tribunales de Casación
Su creación -objetaron- “añadirá una instancia que prolongará aún más la duración de los procesos”, lo que representará un escalón más para obtener una sentencia definitiva”.
“El argumento de que así se aliviará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del exceso de causas no es sólido ya que la misma Corte ha regulado su intervención para no convertirse en una tercera instancia”, aseguraron.
Las organizaciones advirtieron que las iniciativas contienen “numerosas disposiciones inconstitucionales y otras que representan severos retrocesos en materia de independencia judicial”,
Son 12 instituciones que rubricaron el informe crítico: ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), ADC (Asociación por los Derechos Civiles), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, CIPPEC, Poder Ciudadano, Consumidores Libres, Unidos por la justicia, FORES, y las fundaciones: Directorio Legislativo, FUNDEPS, FECIC y FARN.
Lanzaron Campaña para recolectar firmas a través de la Web
Las organizaciones ACIJ, ADC; CIPPEC; Directorio Legislativo y Poder Ciudadano coincidieron en que hace falta una reforma del Poder Judicial, pero “ASÍ NO”.
Por eso iniciaron una campaña para que no se sancionen los proyectos de Reforma del Consejo de la Magistratura, regulación de las Medidas Cautelares y Creación de Cámaras de Casación.
Que con motivo del avance del oficialismo de aprobar las iniciativas, el miércoles próximo, apuntan a 12 diputados para que no avancen los proyectos. “De estos 12 depende el futuro de la justicia argentina”, reza el mensaje.
Para más información y firmar la petición, ingresa a: change.org
