Nacionales. Luego de ser ratificado el aumento del 23 por ciento, los ministros de Trabajo y de Interior, Carlos Tomada y Florencio Randazzo, advirtieron a choferes del servicio de micros de larga distancia para que levanten el paro. De lo contrario, puede haber sanciones que incluyan a empresarios.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, advirtió -esta tarde- que si continua el paro de los choferes de larga distancia el Gobierno podría aplicar «las sanciones que tanto al sector empleador como a los trabajadores les puedan corresponder».
Tomada subrayó que desde el Gobierno se espera «que el sector empresario se haga cargo de las responsabilidades que tiene como servicio público» y normalice el servicio, y aseguró: «ellos tienen que entender definitivamente que no vamos a volver a los subsidios».
Por su parte, el ministro Florencio Randazzo instó a la UTA a levantar el paro en el servicio de larga distancia y advirtió a los empresarios que «no aceptará extorsiones para volver al viejo sistema de subsidios».
Se informó que hoy fue resuelto por una resolución conjunta de las carteras de Trabajo y del Interior el aumento del 23 por ciento, ante una falta de acuerdo entre las partes.
Las resoluciones conjuntas de Trabajo e Interior dadas a conocer a mediodía determinan que a partir de abril, los salarios de los trabajadores comprendidos en esta paritaria se incrementen un 23 por ciento con carácter remunerativo hasta fin de año, y que por los meses en que duró la negociación (de enero a marzo) se aplique un aumento del 18 por ciento no remunerativo, a abonarse en dos cuotas, en mayo y julio.
Asimismo, ordena a las empresas representadas por las cámaras a poner a disposición instalaciones y vehículos para restablecer de inmediato el servicio, al tiempo que se las autoriza a aplicar el mecanismo previsto en la regulación para el ajuste de costos en la real incidencia que se corresponda con los aumentos salariales dispuestos.
En las resoluciones, Trabajo y Transporte, anuncian que junto con el Ministerio de Economía, generarán un mecanismo de asistencia económica y otras medidas regulatorias que coadyuven a generar los ajustes estructurales que correspondan con la caída de la demanda que afecte al empleo.
Ambos organismos del Estado intimaron a la UTA «a dejar sin efecto las medidas de acción directa que afectan a los servicios de larga distancia».
