Córdoba. Los bloques de la oposición en la Unicameral, Frente Cívico y Radicalismo presentaron -por separado- proyectos de resolución promoviendo el juicio político al ministro Dante Heredia. En tanto, el legislador García Elorrio pidió investigación administrativa para evaluar la conducta de Martín Araóz que ya renunció a su cargo de Secretario de Servicios Públicos.
A raíz de la investigación periodística de ADN sobre irregularidades en las que habría incurrido Ramón Sánchez en su condición de Presidente de Caminos de las Sierras S.A y el haber efectuado contrataciones directas a la empresa “D-Sinfecta”, la cual sería propiedad de Sandra Norma Abud, el bloque de legisladores del Frente Cívico presentó una resolución promoviendo juicio político al Ministro de Transporte y Servicios Públicos, Dante Heredia, por la causal de “mal desempeño” y «posible comisión de delito» en ejercicio de sus funciones.
En sus fundamentos, los parlamentarios juecistas argumentaron que de la investigación periodística y de las pruebas que la misma ha logrado conseguir “surge con claridad que el Ministro Heredia dispuso el nombramiento de Ramón Sánchez al frente de Caminos de las Sierras, quien a su vez comenzó a realizar las contrataciones directas con la empresa ‘D-Sinfecta’, supuestamente propiedad de Sandra Abud o en la que, a su nombre, se facturaba a la empresa estatal de peaje”.
Además, señalaron que “D-Sinfecta” presta servicios “no sólo para Caminos de las Sierras sino también para el Ministerio de Transporte y otras reparticiones del Estado Provincial, según surge del informe periodístico”.
“Tanto el Ministro Heredia, como Ramón Sánchez y Sandra Abud, de manera premeditada, organizaron este andamiaje de relaciones y contrataciones a los fines de un beneficio patrimonial personal”, añadieron.
Subsidios
A su vez, recordaron que Dante Heredia era Presidente de la Asociación Social, Cultural y Deportiva 25 de Mayo de Barrio Güemes, de la cual, Ramón Sánchez era el Vicepresidente y la Arquitecta Sandra Abud, era la persona a cargo de las refacciones que se llevarían a cabo.
En el 2011, el gobierno provincial otorgó subsidios a dicha asociación para la construcción de una pileta y vestuarios, y hasta la fecha no se ha rendido cuenta del uso y destino de los mismos, cuestionaron desde el Frente Cívico.
Posición radical
Por su parte, el legislador Rodrigo De Loredo, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, también, manifestó que se pedirá el juicio político al ministro de Transporte, tras el “escándalo de corrupción” que sobrevuela sobre la cartera que conduce.
“Pedimos la renuncia del ministro Heredia. Al advertir que el gobernador De la Sota rechazó una supuesta dimisión presentada por el propio funcionario, se debería iniciar un juicio político porque es inadmisible pensar que haya desconocido los ilícitos cometidos por sus más estrechos colaboradores”, enfatizó De Loredo.
En ese sentido, el parlamentario agregó: “si Heredia tenía conocimiento del proceder de sus funcionarios, estaría incurso en la causal de delito en el ejercicio de sus funciones y, en caso de desconocer el proceder de sus colaboradores, habida cuenta de la entidad jerárquica de los mismos, estaríamos ante la causal de mal desempeño de sus funciones por la falta de control de sus dependientes directos”.
Juicio Político
El artículo 112 de la Constitución provincial, establece que “el gobernador, el vicegobernador, los miembros del Tribunal Superior de Justicia y los del Tribunal de Cuentas, los Ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo pueden ser sometidos a juicio político por las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o síquica sobreviniente, o indignidad”.
Investigación por Martín Araóz
El legislador Aurelio García Elorrio (EVC) había presentado una iniciativa legislativa para que el Poder Ejecutivo realice de forma inmediata una investigación administrativa, a los fines de evaluar la conducta del -ya renunciado-Secretario de Servicios Públicos de la provincia.
Haciendo mención al informe periodístico de ADN, se pone de evidencia -señala el parlamentario- “las particulares exhortaciones que el funcionario le hacía al entrevistado sobre cómo se invierte más efectivamente los fondos de un tercero”.