Córdoba. La iniciativa del legislador Sergio Busso (UPC) que, al principio, fue resistida por los bloques de la oposición por cuestionamientos que apuntaban a la vulnerabilidad del derecho a la intimidad de los niños y ancianos, quedó zanjada con modificaciones que se introdujeron al proyecto original.
Esto permitió avanzar en el consenso entre la mayoría oficialista y los bloques del Frente Cívico, UCR y de Encuentro Vecinal Córdoba que aprobaron la norma, destacando que es una herramienta para atender posibles casos de abuso y maltrato en niños, pero que no es “la panacea”. La legisladora Liliana Olivero (Izquierda socialista) rechazó la iniciativa.
La ley -de orden público- exige la instalación de cámaras que posibiliten el monitoreo permanente del servicio que brindan jardines maternales, guarderías, geriátricos y otros centros de similares características, de toda la provincia.
Será una obligación, que prevé el control del estado de los pacientes o de quienes asisten a este tipo de centros y también la vigilancia del ingreso y la salida de personas en estas instituciones.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, el cual establecerá la tecnología que se implementará para registrar de manera continua – 24 horas – las imágenes y para almacenar videos en alta resolución que faciliten el monitoreo del funcionamiento de estos lugares que albergan a niños y ancianos.
A su vez, la legislación sancionada detalla puntualmente las características que debe reunir el sistema de videocámaras que se instale, cuyas imágenes y sonidos tendrán carácter confidencial.
Esto permitió acercar posiciones de los bloques parlamentarios y se precisó que sólo podrán acceder a la visualización del material padres o tutores y magistrados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial en caso que se requiera y sean previamente autorizados.
Los jardines maternales, guarderías, geriátricos que estén habilitados tendrán el plazo de 180 días, a partir de la reglamentación de la ley, para adecuarse a la normativa y evitar sanciones o clausuras en caso de su incumplimiento.
También, se informó que se gestionará ante el Banco de Córdoba la posibilidad de acceso a crédito para que los propietarios puedan instalar el sistema de monitoreo.
Posiciones
Oficialismo. El legislador Sergio Busso expresó que la ley “viene a cubrir un vacío que había en el Estado en este aspecto”. Y que “se avanza en darles protección”, en referencia a niños y ancianos que asisten a los establecimientos señalados por la norma.
“Entendíamos que hay sectores de la sociedad muy vulnerables como los chicos y nuestros viejos que a veces no puede expresar lo que sufren en esos lugares, como un maltrato o un abuso, y en ese sentido, que se incorpore como obligatorio equipamiento informático para hacer un monitoreo de parte de las personas responsables, padres, tutores o familiares a cargo”, señaló Busso. (Acceda al audio).
Frente Cívico. La parlamentaria Liliana Montero manifestó: “es otro proyecto sustancialmente distinto al presentado inicialmente”. Lo que se aprobó es “un resguardo que existe para situaciones particulares que deberán ser debidamente acreditadas ante la autoridad de aplicación y que lejos esta de convertir a las guarderías y a los jardines maternales en un gran hermano público”. (Acceda al audio).
Radicalismo. La legisladora Olga Rista consideró que aprobaban la iniciativa “después de las correcciones que se hicieron al primer proyecto”. En ese sentido, indicó que el monitoreo sirve en lo que tiene que ver, “cuando se producen situaciones de abuso, accidentes e incluso robos. Y si son utilizados con un nivel de cuidado”. A lo que agregó: “además, las imágenes solamente van a hacer obtenidas a través del proceso de la justicia y con un fundamento lógico”. (Acceda al audio).
Pedido de licencia de Heredia
Fue otorgada la prórroga de licencia, sin goce de haberes y por el término de seis meses, solicitada por el legislador provincial Dante Heredia, del bloque parlamentario Unión por Córdoba.
Por su parte, desde el bloque del Frente Cívico solicitaron la renuncia de Heredia como legislador provincial, que fue rechaza por la mayoría de UPC.
Cabe recordar que el dirigente peronista de la Capital renunció -la semana pasada- al cargo de ministro de Transporte luego de la emisión de informes en el programa ADN con cámaras ocultas que comprometía a funcionarios bajo su órbita.
