Córdoba. La bancada oficialista convirtió en norma, el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial que establece el Régimen de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública Provincial.
El Frente Cívico y el parlamentario Aurelio García Elorrio (EVC) aprobaron en general, con reparos en el artículo 10. El radicalismo y la Izquierda socialista lo rechazaron de plano.
El miembro informante por la mayoría, el legislador Ricardo Sosa defendió la iniciativa destacando que el proyecto fue fruto “del trabajo durante un año desde las áreas de gobierno” e incluso relevando la experiencia de compras de Chile.
A su vez, destacó que en las comisiones de Economía y Legislación General se estudiaron aportes y se hizo “más de 10 modificaciones” al proyecto original.
El Frente Cívico y el legislador García Elorrio aprobaron en general el proyecto de ley, pero objetaron y observaron el artículo 10 sobre contratación directa.
Por su parte, el bloque radical rechazó la norma. El legislador Eduardo Yuni manifestó: “volvamos el proyecto a Comisión para que se incorpore la regulación de las compras y contrataciones de todas las empresas, agencias y entes estatales”.
A lo que sumó, que “se regulen los contratos de crédito público”; se incorporen a “las sindicaturas a los representantes de la oposición” y para que “el Tribunal de Cuentas pueda actuar en forma oportuna”; y propuso la aprobación de una Ley de Ética Pública.
El presidente de la bancada radical, al cierre de su discurso, calificó en duros términos la norma y por ende su expresión de rechazo. Tildó de inconveniente e insuficiente la regulación propuesta.
“La evidente gravedad que implica la aprobación de un sistema de contratación (…) sólo terminará generando mayor falta de transparencia y menor eficiencia de los sistema de control”, expresó Yuni.
El legislador Ricardo Sosa volvió a pedir la palabra para cuestionar el accionar del radicalismo, reprochando que el rechazo al proyecto, tiene que ver con “un problema de la campaña” política.
Normativa
La ley establece los parámetros de adquisición de bienes y servicios, excluyendo a los relacionados con obras públicas, empleo y deuda pública, por su especificidad.
El proyecto sancionado prevé, entre otras cosas, la unificación de toda la normativa existente hasta la fecha y la derogación de algunos artículos de las Leyes Nº 7631, 5901 y 8836. Del mismo modo, determina que será de aplicación obligatoria para los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Entre los aspectos más novedosos, la norma destaca la creación de un órgano rector que tendrá por misión aplicar los mismos procedimientos y normativas a todas las compras y contrataciones que hagan todas las áreas del Estado.
Este órgano, que llevará por nombre Dirección General de Compras y Contrataciones, tendrá entre sus funciones la creación de un catálogo único de bienes y servicios, la gestión del padrón de proveedores y la supervisión de todo el sistema de compras.
El nuevo régimen está basado en la aplicación de las tecnologías de la información (TIC), aportando más transparencia y eficiencia.
También establece la ampliación de los criterios de selección, en donde se incluirán aspectos sociales o ambientales y no solamente económicos; así como la ampliación de los procedimientos de selección, con la incorporación de la subasta electrónica.
