La iniciativa tomó estado parlamentario hace más de un año, y “el mismo tiempo ha transcurrido sin que obtengamos respuesta alguna desde el Poder Ejecutivo Provincial”, reclamó Matar.
“El proyecto exigía que se informe acerca de los procedimientos realizados, cantidad y ubicación de locales clausurados, partida presupuestaria, entre otro; y los hicimos en el momento en que comenzó a aplicarse la ley”, añadió la legisladora.
La miembro informante del radicalismo indicó además que “mientras esperábamos la respuesta, fuimos tomando contacto con distintos ciudadanos vinculados a organizaciones que trabajan en la prevención y lucha contra la trata de personas, quienes coinciden que la actividad del Estado no puede agotarse en la prevención, que si este gobierno tomó la decisión política de enfrentarse a las mafias debe ser consecuente y sostenerla en el tiempo”.
“Destacamos como falencia, que la acción de la Secretaría de Lucha contra la Trata, se ve limitada por la falta de una fuerza de seguridad específica; el no tenerla genera debilidad para operar y más aún, cuando parece haber policías implicados”, aseveró Matar.
