Córdoba. El Colegio de Ingenieros Civiles resolvió adherir a la manifestación convocada por los Ingenieros Autoconvocados para este viernes (23 de agosto) a las 9 horas. La concentración se llevará a cabo al frente al Ministerio de Infraestructura, para luego marchar a la Dirección de Catastro y a Tribunales II.
Cabe destacar que los autoconvocados reclaman en contra de la disposición judicial que restringe el desempeño profesional para realizar trabajos de mensura. Una disputa que data del 2009 entre los ingenieros civiles y los agrimensores. (Ver nota Ingenieros autoconvocados en reclamo por quita de trabajo de mensuras).
La protesta -que cuenta con el apoyo institucional- es debido al malestar y desacuerdo por la Resolución Nº 149 del Juzgado de Control N º 3 a cargo del Dr. Luis Miguel Nassiz que con el argumento del incumplimiento de la Resolución 232/07 del Ministerio de Infraestructura, suspende la posibilidad de realizar mensuras a unos mil ingenieros civiles.
“Esta resolución de la justicia provincial, que no tiene competencia en materia de incumbencia, y que ha generado una situación sin precedentes, cercena las incumbencias profesionales”, destacaron desde la entidad.
Desconocen “lo ratificado sobre los alcances de título de los ingenieros civiles por las universidades UTN, UNC y UCC”, agregaron.
La otra finalidad de la protesta es que Infraestructura derogue la Resolución 232/07 que establece que el Colegio debía presentar periódicamente un listado de los ingenieros habilitados para hacer mensuras.
“La medida se ha cumplido según lo expresado y ratificado por el mismo Ministerio, por lo cual se solicita se derogue”, afirmaron desde la institución.
Asimismo, el Colegio de Ingenieros Civiles manifestó -a través de un comunicado- que “la situación planteada ha generado un problema a nivel social más allá de los inconvenientes laborales que implica para los ingenieros afectados”.
Pusieron como ejemplo que “ya hay expedientes en curso detenidos esperando resolución; se frenan escrituras y todo tipo de transacciones de transferencias de títulos”.
“La resolución judicial vulnera la seguridad jurídica, poniendo en cuestionamiento mensuras ya visadas y aprobadas como así también, las escrituras generadas a partir de ellas, afectando la actividad inmobiliaria y, por ende, económica”, se pronunciaron desde la entidad colegiada.
