Ciudad de Córdoba. Para dar respuesta a un pedido de informes aprobado por el pleno de concejales, sobre los convenios firmados entre el municipio capitalino y las empresas Ciudad de Córdoba y Coniferal (en el marco de los juicios de las prestatarias por diferencias de tarifas), concurrieron a la Comisión de Servicios Públicos, el secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac y el asesor letrado, Marcelo Rodríguez Aranciva.
En primer término, Díaz Cardeilhac se explayó sobre la historia del proceso que culminó en cinco juicios contra la Municipalidad, por un monto que “actualizado implicaba el pago de 542 millones de pesos”, según el funcionario.
El primero de los juicios significaba un monto de $244 millones para ambas empresas, que luego de las negociaciones con las empresas, los montos se achicaron en $30 millones para cada una, acordando su cancelación con títulos de cancelación municipal y la condonación de deudas de las empresas por patentes, multas e infracciones, explicó el responsable del área municipal de transporte.
También, cabe señalar que las empresas desistieron de tres juicios, sobre el total de cinco que estaban en proceso judicial.
Durante la reunión, hubo un entredicho acerca de la sentencia de la justicia, a lo que Rodríguez Aranciva fundamentó que “el fallo establecía las pautas para cuantificación y pago. Establece que las empresas demandan readecuación de tarifas y restablecimiento de la ecuación económica del contrato, subsidios e indemnizaciones”.
El secretario de Transporte reiteró que el acuerdo alcanzado fue muy bueno y la oposición no lo abaló. Las voces críticas que más se escucharon en la interpelación a los funcionarios municipales, fueron las de los concejales Estaban Domina (FC) y Héctor Campana (UPC).
En el caso del concejal Esteban Domina (FC) expresó “que lo barato sale caro” y agregó que “no hubo daño económico” para las empresas.
En diálogo con la prensa, Díaz Cardeilhac reiteró su defensa sobre lo acordado con las empresas, al señalar que “entendemos haber llegado a un buen arreglo al no desembolsar dinero en efectivo, al entregar estos títulos de cancelación y cobrar deudas que el municipio debía cobrar a través de patente”.
Por su parte, Campana -muy crítico- señaló: “entendemos que el acuerdo no ha sido beneficioso para el municipio como lo quieren plantear” y reclamó carecer por completo de información y de “los fundamentos técnicos por los cuales se ha arreglado en esta suma de dinero, beneficiando a la empresa Ciudad de Córdoba y Coniferal”.
“Hemos constatado que en esos años, hubo un fuerte crecimiento de la cantidad de pasajeros, con lo cual, si realmente había algún desfasaje de la tarifa, obviamente se ha compensado” por ese lado, señaló.
A lo que añadió: “la ecuación económica de las empresas no se vieron perjudicadas, por eso solicitamos que envíen los estudios de costos y si realmente hubo un perjuicio para las empresas”.
Participación en la nueva licitación y decisión de pago
El concejal Dómina cuestionó que se permitiera a estas empresas participar de la nueva licitación cuando mantenían aún juicios contra la Municipalidad. En su respuesta, Díaz Cardeilhac consideró que “fue un gran acierto de esta gestión incluir esa cláusula en los pliegos porque le permitió a la Municipalidad negociar en mejores términos y evitar juicios por cientos de millones”.
Sobre la decisión política del Departamento Ejecutivo de pagar -según Dómina- el asesor letrado le expresó que “si usted leyó la sentencia que obliga a pagar, la decisión política no cuenta”.
En este punto, intervino el titular del bloque de la UCR, Javier Bee Sellares, aduciendo que si las empresas eran impedidas de ingresar al nuevo sistema, “podían desistir del servicio y cobrar 500 millones de pesos o más”, sin llegar a ningún acuerdo con la municipalidad.