Córdoba. El bloque juecista entiende que el Héctor David se desempeñó como Defensor hasta el 28 de Noviembre de 2012, día en sus funciones expiró, según el artículo 9 de la ley provincial 9396.
Sin embargo -afirman- al día de la fecha el Poder Ejecutivo no ha enviado la terna para que el Poder Legislativo preste acuerdo para designar un nuevo Defensor, tal cual lo dispone el artículo 7 de la mencionada norma.
Por eso, el bloque del Frente Cívico (FC) a instancia de su presidenta, Liliana Montero presento una iniciativa en la Unicameral, solicitando al gobernador De la Sota “eleve una terna de candidatos para que esta Legislatura designe al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba”.
“Siendo de público conocimiento las diversas y complejas problemáticas y temáticas sociales, culturales y económicas por las se encuentran atravesados los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia es de suma urgencia que el Poder Ejecutivo asuma la decisión política de abordar la situación”, manifestó Montero.
En ese sentido, la titular de la bancada juecista criticó el accionar del gobierno provincial: “Una vez más el Ejecutivo por acción u omisión demuestra las deficiencias que posee en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas destinadas a la niñez”.
A su vez, cuestionó que hay “intención del actual gobernador de no designar sino hasta bien entrado su actual mandato a un nuevo Defensor, a fin de lograr que quien sea designado perdure más allá de su actual gestión”.
Fiscal General de la Provincia
También, a través de un proyecto de resolución, la legisladora Montero instó al Ejecutivo provincial para que proceda a la designación del Fiscal General de la Provincia, previa remisión del Pliego a la Legislatura de Córdoba, a los fines de prestar acuerdo.
En sus fundamentos, la parlamentaria del FC destacó que “dicho cargo se encuentra acéfalo desde febrero del 2012”. A lo que agregó: “El Ministerio Público es parte del Poder Judicial, siendo fundamental el lugar que ocupa en la administración de justicia”.
Por eso, “El funcionamiento eficaz del Poder Judicial requiere de la existencia de un Fiscal General a cargo del Ministerio Público, ejerciendo sus funciones plenamente y en debida forma”, concluyó.
