Nacionales. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló que el jueves último el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo, le comunicó que en tareas de limpieza del subsuelo del Edificio Cóndor se hallaron 1.500 documentos, entre los cuales figuran listas negras y el caso Papel Prensa. Dicha documentación fue analizada durante todo el fin de semana por juristas y expertos en derechos humanos.
Además, se encontró un plan de acción de gobierno de las Juntas Militares que abarcaba hasta el año 2.000, y actas que “dejan clara constancia” de la relación entre la venta de Papel Prensa y la desaparición de su propietario, David Graiver, informaron desde la cartera de Defensa.
Asimismo, documentos donde los altos mandos de las fuerzas de entonces, debatían sobre el tratamiento que debía darse al tema «desaparecidos» tanto a nivel de opinión pública, como de los familiares que buscaban a los desparecidos y ante los organismos internacionales.
Se halló listas negras de artistas, intelectuales y comunicadores que se había elaborado en la dictadura; los debates sobre el proyecto de decreto de Ley de Radiodifusión, y el libro de Mesa de Entradas donde figuran los movimientos de visitas, entre los que se incluye la constancia de la consulta que hizo Hebe de Bonafini sobre la desaparición de sus hijos.
En las listas negras figuraban, entre otros: Norma Aleandro; Emilio Alfar; Héctor Alterio; Osvaldo Bayer; Norman Briski; Julio Cortázar; Rogelio García Lupo; Horacio Guaraní; Víctor Heredia; Federico Luppi; Osvaldo Pugliese; Rodolfo Puiggrós; Marilina Ross; Mercedes Sosa; y María Elena Walsh.
En conferencia de prensa, el ministro Agustín Rossi, precisó que se descubrió «6 carpetas originales de las actas de las Juntas Militares, todas las actas secretas desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83 con cronología de cada uno y los originales firmados por los secretarios generales de cada fuerza».
Sobre el hallazgo histórico, el titular de la cartera de Defensa concluyó que se llegó a esta información por “la decisión de un Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas”, lo cual “contribuye a la construcción de una nueva etapa en la que las Fuerzas Armadas están integradas a la sociedad civil«.
«No hay dudas de que la información tiene un valor histórico relevante, y será decisión de la justicia si esta documentación tiene, a su vez, valor jurídico para las distintas causas que se están llevando a los estrados judiciales», afirmó.
A través de la firma de dos resoluciones, Rossi informó que se le encomendó a la Dirección de Derechos Humanos para que en un plazo de seis meses, clasifique la información. La otra resolución, les indica a los Jefes de las Fuerzas que se intensifiquen las requisas en lugares no habituales a fin de encontrar cualquier documentación que pueda ayudar en el sentido de seguir descubriendo la verdad.
Tratamiento mediático del tema desaparecidos
Entre la documentación se encontraron actas referentes al tratamiento mediático que debían tener los altos rangos consultados sobre el tema; entre otros se recomendaba el uso de eufemismos tales como «averiguación de paradero».
Se tratan cuestiones como la respuesta a los requerimientos de organismos internacionales (como la visita de la Comisión de Derechos Humanos en el 79) y el pedido de familiares de desaparecidos.
Se encontró el acta institucional del 24 de junio del ’76 donde la Junta se adjudica «la facultad de considerar la conducta de las personas que hayan ocasionado perjuicios a los intereses de la Nación» y que se sancionarán con la pérdida de derechos políticos y gremiales, hasta la expulsión del país y la «internación en el lugar que determine el Poder Ejecutivo Nacional».
El acta N° 130 del 11 de marzo del ’80 decide reemplazar el uso de «persona desaparecida» por «pedido de paradero» de esa persona.
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