Ciudad de Córdoba. Pasado el mediodía, el mandatario provincial anunciaba la firma del acta acuerdo entre el gobierno y los policías que se mantuvieron en huelga desde la jornada de ayer y que derivó en hechos de inseguridad y vandalismo. Más de mil comercios saqueados y pérdidas millonarias. Luego, de ser informados del acuerdo, los uniformados acuartelados retomaron sus funciones, volviendo a patrullar las calles de la ciudad.
El acuerdo establece el compromiso del gobierno, representado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el Jefe de Policía, Crio Gral. César Almada a dar cumplimiento a 14 puntos reclamados por los policías.
El primer punto hace referencia a un monto adicional y transitorio para el personal policial y penitenciario activo, en concepto de “gasto de uniformes” a abonarse en 2 cuotas de $2.000 cada una, con los haberes de diciembre y enero.
Con la pauta salarial que tendrá vigencia a partir de los sueldos del mes de febrero de 2014, se fijará un salario básico de $8.000 para las categorías iniciales (Agentes/Subayudantes). Los incrementos se realizarán sobre componentes remunerativos.
A partir del mes de noviembre de 2013, el gobierno y la cúpula policial dispondrán la asignación de siete turnos mensuales de adicionales de seguridad ciudadana, a todo el personal que realiza funciones operativas de calle.
El convenio, también, apunta a establecer el incremento de los servicios adicionales en forma proporcional al salario y diferenciar fines de semana y feriado de días normales, e incrementar la diferencia porcentual entre las distintas jerarquías de suboficiales.
Se proveerá de un uniforme operativo completo anual y abonar los servicios de adicionales en todo tipo de eventos acorde a las horas cubiertas.
Se comenzará a elaborar el proyecto para que las faltas leves sean recusables ante el Tribunal de Conducta Policial.
Sobre las instalaciones de los Comandos de Acción Preventiva, se comprometieron a mejorar dichas instalaciones y el control estricto del racionamiento suministrado.
A realizar las gestiones tendientes a la consecución de créditos blandos para vivienda y garantizar asistencia permanente de profesionales relacionado a la contención psicológica de todo el personal.
La funcionaria y el Jefe de Policía realizarán las gestiones necesarias para mejorar la prestación del seguro de riesgo de trabajo (ART) y la contratación de un seguro de sepelio.
Como así también, la facilitación del transporte del personal desde su domicilio a su lugar de trabajo, similar al llamado boleto estudiantil.
No se aplicarán sanciones administrativas a los policías ante el inmediato cese de las medidas de fuerza.
De la firma del acuerdo, participaron, además de los funcionarios, cinco mujeres de policías acuartelados y el abogado representante del personal policial reclamante, Miguel Ortiz Pellegrini, quienes manifestaron su conformidad con los términos del mismo.