Piden avanzar en una nueva ley de licencias con cobertura homogénea

trabajadora-embarazada licencia maternalCABA. Sólo el 50,4 por ciento de las trabajadoras y el 49 por ciento de los trabajadores están actualmente cubiertos por las licencias y existen grandes diferencias entre las provincias. Se propone un esquema universal con una cobertura homogénea.

En la Argentina existe una amplia heterogeneidad en los tres tipos de licencias. “Solo el 50,4 por ciento de las trabajadoras y el 49 por ciento de los trabajadores están actualmente cubiertos por las licencias”, indicó Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social y Salud de CIPPEC. 

Inequidades entre las provincias y los sectores

Las licencias maternales, paternales y familiares están reguladas por leyes diferentes que tienen distintos alcances, como la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley del Régimen de Trabajo Agrario, la nueva ley para el personal de casas particulares, el Convenio Colectivo de Trabajo del Empleo Público y otros convenios.

Así, mientras una trabajadora de una casa particular tiene desde 2013 una licencia por maternidad de 90 días, una empleada pública de nivel nacional tiene una licencia de 100 días. En el caso de las docentes y empleadas públicas provinciales, hay diferencias según la provincia, con un mínimo de 84 días en Jujuy y un máximo de 210 días en Tierra del Fuego.

Por otro lado, la Ley de Contrato de Trabajo otorga dos días corridos de licencia por paternidad. Pero un empleado de la administración pública nacional tiene 5 días de licencia; un trabajador agrario, 30 días y, en el caso de los docentes y otros empleados públicos provinciales, la licencia varía entre los 2 y los 25 días según la provincia.

Estas diferencias también se replican en las licencias familiares. Y la Ley de Contrato de Trabajo no establece licencias para los padres y madres que adoptan hijos.

“Por su parte, los trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas y autónomos no cuentan con ningún tipo de licencia”, explicó Gala Díaz Langou, coordinadora del Programa de Protección Social y Salud del centro de políticas públicas.

Hay en el Congreso 45 proyectos de ley que buscan modificar el régimen de licencias. En este contexto, el trabajo de CIPPEC acerca recomendaciones que una nueva ley nacional de licencias debería tener en cuenta. “Es clave avanzar a un esquema universal y fiscalmente sostenible, que incluya a los trabajadores formales independientes y a los trabajadores informales extendiendo la asignación universal por hijo y por embarazo”, indico Repetto.

Los expertos proponen una cobertura homogénea, con un piso común para las licencias por maternidad y paternidad, y una licencia familiar con una lógica flexible que puedan usar el padre o la madre. Además, indican que es necesario igualar los derechos de las madres y los padres adoptivos.

El costo de extender las licencias

CIPPEC estimó el costo de ampliar las licencias de maternidad, paternidad y familiares, sistema que actualmente ascendería a $2.847,5 millones.

“Un escenario de mínima, que supone ampliar a 98 días la licencia por maternidad -el piso recomendado por la OIT-, a 10 días las de paternidad y a 12 días las licencias familiares, costaría $4.248 millones, o un 0,16% del Producto Bruto Interno (PBI)” sostuvo Damián Bonari, investigador principal del Programa de Protección Social y Salud.

El costo de un escenario de máxima, que implicaría generar incentivos para una más justa distribución de las tareas en el interior del hogar, con una licencia de maternidad de 120 días, una de paternidad de 30 días y una licencia familiar de 90 días, asciende a $13.764 millones, o un 0,53% del PBI.

Asimismo, la investigación indica que es indispensable avanzar en un sistema integral de cuidados que incluya a las licencias pero no se limite a ellas y avance, por ejemplo, en la creación de guarderías y salas maternales en los lugares de trabajo.

“Una nueva ley nacional de licencias puede promover un mayor desarrollo infantil, revertir la discriminación por género del mercado laboral y conciliar mejor la vida productiva con la reproductiva. Fundamentalmente, se trata del logro de un derecho que es necesario ampliar”, concluyó Díaz Langou.

 

 

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