Córdoba. La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón, uno de los cuatro fiscales abocados a la investigación de las causas por saqueos en la Capital cordobesa y a determinar la responsabilidad que tuvieron los policías acuartelados en el pasado mes de diciembre.
El funcionario judicial dispuso la detención de 16 uniformados y de una exagente que ya se encuentran en la penitenciaria y que serán indagados a partir del día lunes.
La imputación que pesa sobre los agentes de la fuerza policial es “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito” con motivo de los hechos que acaecieron los días 2 y 3 de diciembre.
En el caso de la mujer detenida, Garzón precisó que “se le atribuye la supuesta comisión de delito de entorpecimiento funcional sobre la conducta que habría desplegado el día 2 de diciembre en circunstancias en que se habría obstruido el ingreso y egreso de los funcionarios de Guardia de Infantería cuando debían salir a prestar normalmente sus tareas”.
En cuanto a la situación de los oficiales y suboficiales, el fiscal manifestó que “se ubican dentro de lo que son los primeros móviles que con estas dotaciones desoyeron expresamente las órdenes del superior de turno, quien les ordenó retomar sus tareas habituales y cumplir sus guardias”.
“Las que fueron desoídas abiertas y expresamente por este primer grupo que no solamente incumplió esas órdenes, sino que además habría instigado al convocar al resto de la fuerza policial a sumarse en la desobediencia de lo que sus jefes estaban ordenando”, añadió.
El entorpecimiento funcional tiene una pena menor, va de los 15 días a 6 meses. Para el caso de los policías, los hechos imputados son más graves, la desobediencia e instigación a cometer delitos prevé una escala de 2 a 6 años de prisión.
También se conoció que fue detenida Adriana Rearte, esposa de un policía que participó del reclamo policial y que oficiaba de vocera del grupo. Esta mañana, las mujeres organizaron un abrazo solidario con corte de media calzada, para reclamar el cumplimiento de los 13 puntos del acuerdo que firmaron con De la Sota. A esto se suma, el pase a pasividad de 4 agentes que impulsaban un nuevo acuartelamiento.
