Córdoba. El fiscal que investiga la responsabilidad de los agentes por la huelga policial en el mes de diciembre, que dejó sin seguridad a los vecinos y comerciantes en la Capital cordobesa, rechazó el pedido de excarcelación de 13 de los 16 uniformados que se encuentran alojados en la cárcel de Bouwer. Si recuperó su libertad la vocera de las esposas y ex agente penitenciaria, Adriana Rearte. Uno de los abogados defensores consideró ilegal la detención de los policías por un delito que tiene una pena máxima de un año.
Ante el pedido de los abogados que tienen a su cargo la defensa, el fiscal Raúl Garzón decidió rechazar la excarcelación de 13 policías presos, imputados por los delitos de desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos.
En tanto que Adriana Rearte, tras una extensa indagatoria, recuperó su libertad. Cabe señalar que la imputación que pesa sobre ella, es entorpecimiento funcional.
En ese sentido, Garzón fundamentó la decisión, señalando que “la fiscalía ha considerado la calificación legal que por supuesto es distinta y de menos entidad, como así también ha analizado que ya ha prestado declaración, y que la prueba relacionada a ese hecho ha avanzado suficientemente”.
En el caso de los policías, el fiscal manifestó que el rechazo a la excarcelación, radica en que “las imputaciones son distintas, las calificaciones legales son más gravosas”.
Y en base a ello, aclaró que la detención, “tiene por finalidad asegurar la presencia de los imputados durante esta etapa inicial”, para escuchar su testimonio y receptar la prueba que haga también a sus defensas.
“Oportunamente conforme lo establecen su plazos en el Código Procesal, se va a resolver nuevamente sobre el merito de la causa y las respectivas situaciones procesales”, puntualizó.
Además, la fiscalía tomó declaración a otros 4 policías. Lo que representa la mitad de los uniformados que ya declararon ante el fiscal Garzón. En los próximos dos días, lo harán los 8 agentes restantes.
Por su parte, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini -que representa a 10 de los 16 policías– solicitó la intervención del Juez de Control ante la resolución de negar la libertad de sus defendidos.
Calificó a la medida del fiscal -desde lo jurídico- como un caso de “arbitrariedad absoluta”.
