Córdoba. Entre ayer y hoy, las comisiones darán tratamiento a proyectos de ley anunciados por el gobernador en la apertura de sesiones de la Legislatura cordobesa. La mayoría oficialista fijó los plazos para lo que será el trámite parlamentario que tendrán los pliegos de designación de una vocal para el TSJ y los funcionarios de la Fiscalía General.
Ayer, se conoció la agenda establecida por Unión por Córdoba, para prestar acuerdo a los pliegos de María Marta Cáceres de Bollati, como vocal del Tribunal Superior de Justicia y de Alejandro Moyano como Fiscal General. Además, de los pliegos de Héctor David y María Alejandra Hillman como Fiscales Adjunto.
El lunes está prevista la audiencia pública, donde se receptarán apoyos u objeciones que se pudieran efectuar sobre los propuestos, por sus condiciones morales y técnicas.
El martes, los parlamentarios que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos tomarán las entrevistas de rigor a cada uno de los funcionarios que serán designados para ocupar los cargos mencionados. El miércoles, por la mañana, dicha Comisión emitirá despacho para ser tratados y aprobados en la sesión de ese mismo día, por la tarde.
De antemano, el nombre de Héctor David, es el que genera mayor controversia debido a que las bancadas opositoras cuestionan su gestión como Defensor de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia.
Desde el Frente Cívico había adelantado su posición con respecto a la decisión de De la Sota de proponerlo como Fiscal Adjunto.
“Creemos que David no solamente no tiene méritos ni académicos, ni trayectoria tribunalicia, sino que en las funciones que ha desempeñado ha dejado muchísimo que desear”, sostuvo la titular del bloque juecista, Liliana Montero (Ver nota: En el foco de la crítica opositora, la designación de David como Fiscal Adjunto).
Policía Antinarcotráfico y Ley Antimotines
En la presente jornada, en reunión conjunta de tres Comisiones, empezará el análisis en profundidad de dos iniciativas claves enviadas por el Ejecutivo provincial para su aprobación.
El primer proyecto en el temario es la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y de Fiscalías de Instrucción móviles y Juzgados de Control de Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín.
Cabe destacar que la Policía Antinarcotráfico se crea a raíz del narcoescándalo que produjo la detención de policías sospechados de vinculaciones con el narcotráfico que continúa investigando el fiscal federal Enrique Senestrari. Por eso, De la Sota decidió sacar la Unidad Antidrogas del ámbito policial.
La otra iniciativa que abordarán los legisladores oficialistas y opositores, es la “Ley Antimotines” por la cual, se establecen mecanismos de cesantía o exoneración del personal del sistema provincial de seguridad pública en casos de inconducta, insubordinación o abandono del servicio.
