Córdoba. Con motivo del debate del proyecto convertido en ley por el oficialismo, que modifica la Orgánica de la Fiscalía de Estado para que entre otros aspectos, se cree la Oficina de Investigaciones Administrativas, los bloques de la oposición apuntaron sus críticas, calificando a la nueva dependencia como “una trampa” y “un simulacro de investigación”.
También, hubo cuestionamientos sobre la falta de control de los fondos que llevó a tener una deuda pública 14 veces más que la vecina Santa Fe y la inexistencia de la Fiscalía Anticorrupción que figura en “los papeles” -en el plano legislativo- pero que nada se sabe de su funcionamiento.
La mayoría oficialista modificó e incorporó nuevos artículos a la ley, referida a la estructura orgánica de la Fiscalía de Estado. Los principales cambios que se introdujeron tienen que ver con la incorporación de una Fiscalía Adjunta; la creación de la Escuela de Abogados del Estado y la Oficina de Investigaciones Administrativas.
La novedad de esta última dependencia fue la causal del debate político, con cruces y chicanas de ambos lados, y la asociación que hizo la oposición con la Fiscalía Anticorrupción que tras la salida de Luis Juez, pasó al ostracismo funcional.
El oficialismo justificó que el objetivo es concentrar en una sola oficina las investigaciones en el ámbito de la administración pública, entes autárquicos, agencias y sociedad del Estado. Además, afirmaron que no hay superposición de funciones con la Fiscalía Anticorrupción.
Desde la bancada del Frente Cívico, la legisladora Fernanda Leiva, rechazó la iniciativa por considerarla “un simulacro de investigación”. Al mismo tiempo, destacó: “Este gobierno no tiene intención de investigar absolutamente nada”.
“Pretenden simular que va a crearse una oficina para que investigue las irregularidades administrativas; es otro verso más del gobernador”, añadió.
A su vez, Leiva aseguró que la Fiscalía Anticorrupción existe, pero está sin funcionamiento y sin designación de un fiscal. “Desde que fue expulsado de esa oficina el doctor Juez a la fecha, nadie más ocupó la tarea encargada a esa oficina”, advirtió.
Por su parte desde el radicalismo, el parlamentario Rodrigo De Loredo, argumentó que “la Oficina de Investigaciones Administrativas tiene competencias casi idénticas a la Oficina Anticorrupción que aún existe en el plano legislativo. La famosa oficina que ocupó en su momento Juez y, desde aquel entonces, está absolutamente vacante y no se conoce nada de la misma”.
El radical manifestó que dicha Oficina que nucleará las investigaciones administrativas de todo los ministerios, “tiene por objetivo ir emprolijando una serie de anomalías administrativas de cara a una eventual partida del gobierno provincial, luego de 14 años”.
“Hay que empezar a preparar la huida, hay que empezar a garantizar la impunidad. Por estas razones argumentadas y conforme a la legislación, el radicalismo no convalidará este proyecto de ley” sostuvo De Loredo, al cual calificó como “una trampa”.
En materia de anticorrupción del gobierno delasotista, el legislador radical opinó que “no sólo es una materia pendiente, sino que han hecho todo lo que tuvieron a su alcance para garantizar la impunidad en el Estado”.
A su turno, el vecinalista Aurelio García Elorrio (EVC) fue directo al punto de la polémica, expresando que “la corrupción en Córdoba es tan grande que si no hablan los vivos, hablan los muertos”, en alusión al caso del fallecido financista Jorge Suau.
Asimismo, consideró que no se debió haber traído este proyecto en tratamiento, porque “nunca le recuerden al herido el muerto”, declaró, refiriéndose a la Oficina Anticorrupción presidida por Juez en su momento.
En torno a este asunto, recordó que después de que Luis Juez denunció en la vía pública que había sido echado de dicha Oficina, quedó un agujero negro y nunca más se volvió a oír hablar del tema.
Por último, García Elorrio denunció que “si las cosas se hubiesen hecho bien, Córdoba no debería deber 14 veces más que la provincia de Santa Fe”, y que esto sucedió porque “no han funcionado los mecanismos de control”, concluyó con el dato que el presupuesto 2013 sufrió “1.300 rectificaciones”.
La defensa oficialista
Al legislador Juan Manuel Cid (UPC) le tocó ser el miembro informante por la mayoría y asumir la defensa del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo con las modificaciones en la Orgánica de la Fiscalía de Estado.
“Esta oficina hay que diferenciarla de lo que es la Fiscalía Anticorrupción porque tiene a su cargo investigaciones administrativas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado y fundamentalmente, con todo lo que es el personal público (los empleados)”, precisó a modo de respuesta a las críticas opositoras.
En ese sentido, puntualizó que “son absolutamente compatibles; una investiga delitos, contravenciones o violaciones a las normas mucho mas importantes (Anticorrupción) y por el otro lado, tenemos una oficina que tiene bajo su órbita lo que son faltas administrativas que no llegan a constituir delitos”.
Ante el cuestionamiento de la juecista Leiva, sobre la creación de una Fiscalía Adjunta que representa un “conchabo político”, el oficialista Cid le recordó el paso de Luis Juez por el municipio capitalino dejando un saldo de 4 mil nuevos empleados.
