Córdoba. Ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó con las entrevistas a los propuestos por De la Sota para la vocalía que quedará vacante en el TSJ y los funcionarios que integrarán la Fiscalía General de la Provincia. La entrevista más esperada fue la de Héctor David por recibir fuertes cuestionamientos de todo el arco opositor. Hoy los legisladores prestarán acuerdo a las designaciones enviadas por el Ejecutivo provincial. La oposición rechazará el pliego del ex defensor de los derechos del niño. David se defendió también ante la prensa.
Como estaba previsto, ayer, los legisladores oficialistas y opositores integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, entrevistaron a los letrados María Marta Cáceres de Bollati propuesta como vocal del TSJ y de Alejandro Moyano como Fiscal General. Además, de Héctor David y María Alejandra Hillman como Fiscales Adjunto.
Al momento de la interpelación a David, la oposición lo interrogó acerca de su paso por el Ministerio de Justicia y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; concretamente por su inacción ante situaciones de gravedad que se produjeron en menores en el Complejo Esperanza y en la Casa del Niño del Padre Aguilera.
Más allá de las preguntas y las respuestas de David, quedó claro que las posiciones no se modificarán. La mayoría de UPC impulsará su aprobación como Fiscal Adjunto y la oposición resistirá -sin éxito- su nombramiento.
También, en la presente sesión, la Unicameral convertirá en ley, la iniciativa conocida como “Ley Antimotines” enviada por De la Sota que pone freno a los acuartelamientos de los policías ante manifestaciones de reclamo y abandono de su función de seguridad.
Dicho proyecto fue girado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura en señal clara de que no se aceptará el amotinamiento de los uniformados como ocurrió el 3 y 4 de diciembre que trajo como consecuencia, hechos de vandalismo y saqueos en la ciudad de Córdoba.
En su defensa
Al término de su entrevista con los legisladores de la Comisión, David accedió al diálogo con la prensa. Sobre los cuestionamientos de la oposición de que no cumpliría los requisitos formales para acceder al cargo, reiteró en su defensa lo que manifestaron las instituciones jurídicas en la audiencia pública del lunes. Para las entidades profesionales vinculadas al derecho, David se encuentra «formalmente apto» para acceder al rol propuesto por el Ejecutivo.
“Creo que no hay dudas; si en algún momento hubiera tenido la más mínima duda de que estas cuestiones formales (legales) me impedían postularme, jamás lo hubiera puesto en un brete a quien me propone, que en este caso es el gobernador”, aseguró.
Ante la consulta de porque no se constituyó como querellante, desde su rol como Defensor de los derechos de los niños, en los hechos gravísimos en la Casa del Padre Aguilera, David contestó que “se intervino de acuerdo a la normativa, la Defensoría se constituyó, se tomó medidas en el ámbito de lo que era su competencia y están los expedientes en la Defensoría a disposición”.
“Creo que se hizo lo correcto y afortunadamente la justicia llegó a buen fin, y el órgano administrativo -la Senaf- colaboró mucho en aquel entonces”, añadió.
Sobre los casos en el Complejo Esperanza, quien será nombrado como Fiscal Adjunto, justificó su accionar pero, al mismo tiempo, criticó el desempeño de lo que fuera la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
“Se hicieron numerosas recomendaciones que muchas veces no fueron oídas por el órgano administrativo, se hicieron reiteraciones, tuvimos fuertes discusiones con quienes estaban a cargo del órgano de aplicación de aquel momento”, precisó.
En ese sentido, agregó: “Las recomendaciones están y hay hasta una presentación judicial que entiendo -porque después ya termine la función- terminó en la Cámara de Acusación con un convenio donde se obliga o se compromete el órgano administrativo, es decir, el Poder Ejecutivo, a realizar una serie de modificaciones que era lo que en aquel momento se consideraban oportunas”.
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