Córdoba. Mientras el gobernador sigue defendiendo la implementación de la tasa a los combustibles, tras haber recibió críticas del radicalismo en las últimas semanas y la versión de que la Corte Suprema la declararía inconstitucional, hoy ingresará a la Unicameral, un proyecto de ley del Ejecutivo provincial por el cual se destina el 20 por ciento de la recaudación de la Tasa Vial al Fondo Permanente de Financiamiento de Obras Municipales. Se calcula un piso de $150 millones anuales para los municipios.
De la Sota enviará hoy a la Legislatura, la iniciativa que asegura que de lo recaudado por la polémica tasa, el 20 por ciento, pasará a integrar el Fondo que financia obras municipales, creado en el año 2004 que “ha posibilitado la realización de importantes obras de infraestructura en la totalidad de las municipalidades y comunas de la provincia”, afirmaron desde el gobierno delasotista.
En ese sentido, el mandatario provincial aseguró que “la Tasa Vial nos ha permitido estar reasfaltando casi 500 km de la red provincial de rutas. Ahora, los municipios y comunas podrán hacer lo mismo con la red caminera que está en sus radios municipales”.
“De esta forma, los beneficios de la Tasa Vial también llegarán a las calles de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Los intendentes lo pidieron, nosotros cumplimos. El diálogo siempre da frutos”, añadió De la Sota.
Con la sanción de la norma, los gobiernos locales deberán utilizar este 20 por ciento de la tasa a los combustibles, para “el mantenimiento, conservación, modificación o mejoramiento del trazado vial de calles, carreteras, avenidas, nudos viales y demás vías de circulación de automotores, dentro de sus radios y bajo jurisdicción municipal o comunal”, precisaron desde el Ejecutivo cordobés.
Cabe recordar que el radicalismo a través del legislador Rodrigo De Loredo, hace apenas 10 días, al reavivarse la polémica con la versión de que la Corte Suprema de Justicia fallaría en contra de la Tasa Vial Provincial aplicada por De la Sota, salió reiterar su postura de considerarla inconstitucional y, como tal, insistió en que debe ser derogada.
Por tal razón, expresó que la provincia “está impedida de crear un impuesto cuyo hecho imponible se refiera a la comercialización o al consumo de combustibles líquidos y de GNC, por existir a nivel nacional un impuesto coparticipable que grava lo mismo”.
Está clara la jugada delasotista, tentar a los jefes comunales habidos de más fondos para el mantenimiento o mejoras de obras viales, lo que implicaría sumar voluntades de municipios a la controvertida tasa que se paga con los combustibles en el territorio cordobés, justo en momentos, en que se reactivaron las críticas y la versión de un posible dictamen de inconstitucionalidad del Alto Cuerpo de Justicia.
