Córdoba. A raíz de los recientes episodios de violencia en Córdoba, el radicalismo en la Unicameral, a través del parlamentario Rodrigo De Loredo, propuso incorporar agentes retirados para tareas administrativas, permitiendo de esta manera, incrementar el número de policías en las calles. Además, presentó otra iniciativa para que las motos vendidas en las concesionarias sean entregadas cuando tengan su patente e inscripción correspondiente.
Con críticas al gobierno por la falta de implementación de la norma sancionada que exige grabar el número de patente en los cascos, el bloque radical impulsó la aprobación de 2 proyectos de ley para “mejorar los controles policiales de las motos”, afirmó De Loredo, al destacar “la voluntad política” del Ejecutivo para “efectuar controles eficientes” por parte de la fuerza policial, en estos últimos días.
El parlamentario consideró que para mantener en el tiempo los procedimientos de saturación que apuntan al control de motos, “se incorporen policías en condición de retirados para cumplir tareas administrativas (…) y así poder aumentar el número de agentes en las calles en condiciones operativas”, indicó.
“Impulsamos este proyecto para que el Jefe de Policía cuente con herramientas para que frente a graves alteraciones del orden público pueda reasignar funciones y destinos del personal policial para optimizar su desempeño y resguardar a los ciudadanos”, manifestó De Loredo.
La medida apunta a que en “situaciones de urgencia” se sume al personal en situación de retiro, porque de lo contrario, hasta que se forme a nuevos policías, pasaría demasiado tiempo en su incorporación a las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, el parlamentario planteó la obligatoriedad de las concesionarias de hacer entrega de las motos vendidas una vez finalizado el trámite de inscripción registral y con la patente lista.
“Hoy te venden una moto como una licuadora, te la entregan sin contar con todos los papeles necesarios. Esta práctica se ha hecho habitual, y para simplificar la transacción comercial te dan la posesión de la moto cuando aún resta completarse el trámite de su patentamiento”, argumentó.
En cuanto a la ley aprobada hace un año sobre el casco con patente, De Loredo cuestionó a la administración delasotista por una norma que “sólo buscaba recaudar en lugar de reducir los índices delictivos”, a lo que añadió: “debía ser implementadas en el transcurso de 180 días y un año después aún no se aplica”.