Córdoba. Desde las bancadas legislativas de la UCR y el Frente Cívico solicitaron al gobernador De la Sota que designe al funcionario que se hará cargo de la Secretaría de Lucha contra la Trata de Personas, tras la renuncia de María Amelia Chiófalo. La ex secretaría retornó a su banca de legisladora en el bloque oficialista, en la sesión del 26 de marzo.
A través de un proyecto de resolución, la legisladora Alejandra Matar (UCR) se dirigió al Ejecutivo provincial, para que “con urgencia” proceda a nombrar al nuevo titular de la Secretaría de Lucha contra la Trata de Personas.
“Consideramos que dada la sensibilidad y gravedad de la problemática de la que se ocupa la mencionada área, es de vital importancia que de manera urgente, el gobierno provincial se avoque a esta cuestión designando a la persona que ocupe dicho cargo, habida cuenta que el mismo se encuentra virtualmente acéfalo”, destacó la parlamentaria radical.
Ante la demora de la designación, Matar afirmó que “tal situación dejaría entrever que la lucha contra la trata no está entre las prioridades del Poder Ejecutivo”.
Por su parte, la presidenta del bloque del Frente Cívico, Liliana Montero también demandó que de “manera inmediata” el Ejecutivo designe un titular de la secretaría en cuestión.
Y, en tono de crítica, pidió que “se le asigne de inmediato la responsabilidad de diseñar una verdadera política de Estado en la materia”.
La solicitud de Montero a De la Sota vino a cuenta de que “a casi dos años de la puesta en marcha de esa secretaría, se produce la salida del cargo de María Amelia Chiófalo, con idas y venidas; con poca información pública que diera cuenta de los resultados de una verdadera política de Lucha contra la Trata de Personas”, argumentó.
En ese sentido, la titular de la bancada juecista, añadió que la lucha contra ésta problemática “no se puede agotar en el cierre de los prostíbulos visibles”, al mismo tiempo, recordó los cuestionamientos de Susana Trimarco a la ex funcionaria.
Desde el Frente Cívico en la Unicameral, el reclamo no quedó allí, a las iniciativas parlamentarias sin respuestas por parte del gobierno, Montero presentó un pedido de informes que apunta a conocer las razones que determinaron el alejamiento de Chiófalo.
Además, la legisladora de la oposición requirió saber porque no se ha efectivizado la asistencia económica comprometida por parte del gobierno delasotista hacia las víctimas de trata y explotación en los meses de enero, febrero y marzo.
Entre los puntos que especifica el proyecto, Montero pidió al Ejecutivo que informe sobre las deudas que existen con personas y centros de formación, y si esto, ha impactado en la prestación de la asistencia y formación de las víctimas.
También, la parlamentaria juecista exigió los motivos por los cuales “nunca se convocó a la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual prevista en la ley 10.060” que puso fin a las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos y locales de alterne.
