Ciudad de Córdoba. Para el concejal del bloque del Frente Cívico, “resulta absurdo que el Municipio disponga ahora una auditoría a la empresa Ciudad de Córdoba, cuando hace escasos meses admitió, evaluó y aprobó la documentación requerida para calificar como oferente en la licitación”.
Al respecto, el edil explicó que “recién ahora nos enteramos que se trataría de una adjudicación precaria; no mostraron ni un solo papel” y que la empresa “estaría emplazada para cumplir con todo lo que no cumplió y, sin embargo, siguió en carrera y resultó adjudicataria de dos de las ocho zonas”.
En ese sentido, Dómina remarcó que los problemas financieros que atraviesa Ciudad de Córdoba no son nuevos ni tampoco se producen de un día para otro. Ya se la auxilió con una suma millonaria ($40 millones) el año pasado mediante el arreglo extrajudicial de un juicio ridículo”.
“En los meses siguientes continuaron los adelantos de fondos y los subsidios encubiertos para inyectar liquidez a la empresa, que en la actualidad estaría debiendo $13 millones al Municipio”, añadió.
En cuanto al servicio que presta la empresa, el concejal manifestó que “empeoró día a día, al punto tal de que no hay provisión regular de gasoil y repuestos, debido al mantenimiento e higienización de los coches y cuestiones elementales que hacen a la prestación”.
Resaltando que no se han hecho las inspecciones ni los controles periódicos, Dómina puso el acento en las responsabilidades de las partes, pero sobre todo, cargó contra la gestión municipal. Al respecto, opinó: “Existe una responsabilidad palmaria del Municipio, que es el poder concedente y quien debe garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y continuidad acordes al costo de la tarifa, una de las más caras del país”.
En referencia a lo que pueda pasar de aquí en más, el edil afirmó que “no me llamaría la atención si esto termina con la adjudicación de los corredores de Ciudad de Córdoba a la firma Ersa, como trascendió en las últimas horas”.
Además, advirtió que en las próximas semanas podría generarse un nuevo conflicto en el sistema de transporte, “una vez que la UTA cierre un acuerdo de aumento salarial de alrededor del 30 por ciento”.
“Las empresas, como siempre, no se van a hacer cargo de ese costo”, aseveró. Según Dómina, se apelaría a un nuevo aumento del boleto o al otorgamiento de subsidios. “En cualquier caso, terminará afectando el bolsillo de los vecinos”, concluyó el concejal.
