Córdoba. Tras conocerse que Juan Pablo Quinteros habría prestado declaración testimonial en la causa de la financiera CBI Cordubensis e involucrado al secretario privado del intendente Mestre en un supuesto pedido de coimas, cuando CBI fue subcontratista de la empresa Siemens Atos, el Comité Capital de la UCR salió a cuestionar la actuación del juecismo. Además, criticó a Senestrari por su exposición mediática y a medios de comunicación (alineados y no alineados con el gobierno nacional).
El radicalismo de la Capital, denunció “la velada intencionalidad política asignada a la investigación” de la causa de la financiera, advirtiendo de “la permanente intromisión de operadores políticos”, entre los aludidos, se encuentra el espacio liderado por Luis Juez, quien ya había pedido al jefe comunal de la Ciudad de Córdoba, que apartara a los funcionarios tras su denuncia.
“Llama la atención que Tribunales Federales se haya convertido en una inagotable usina de rumores y pretendidas declaraciones escondida detrás del vidrioso eufemismo de ‘fuentes judiciales’ testimoniando sobre presuntos ilícitos casi tres años después de su comisión”, destacó el Comité partidario, en un comunicado firmado por su presidente, Alfredo Sapp.
Sobre Quinteros, los radicales capitalinos, le machacaron “evidentes connotaciones políticas» en su declaración testimonial, formulando “un severo llamado de atención sobre responsabilidades penales derivadas del conocimiento de supuestos ilícitos que no fueran denunciados en su oportunidad”.
De esta manera, quedó al descubierto “la extrema delgadez de la pretendida ‘caparazón ética’ con la cual el Frente Cívico y su Jefe creen estar recubiertos”, reprocharon.
El fiscal Senestrari también fue blanco de las críticas del radicalismo, en ese sentido, señalaron que preocupa que “el fiscal interviniente pase más tiempo en los medios de comunicación afines al gobierno nacional y en contrapartida los avances concretos de la causa son irrelevantes, maximizando los riesgos de impunidad de quienes capitanearon una mesa de dinero clandestina”.
Por último, los radicales insistieron en sus cuestionamientos por el manejo de la causa desde tribunales federales, al respecto, expresaron su “profunda preocupación por el curso de una investigación penal que tiende a convertirse en una instrucción mediática”.
