Nacionales. El ultrakirchnerista insistió con la iniciativa parlamentaria que intenta regular la protesta, esta vez, lo hizo a través de la crítica directa a los partidos de la oposición por no expresar con sinceridad lo que piensan de los piquetes. El debate del asunto en el Congreso que aseveró Kunkel se dará; en la realidad local, puede ser utilizado para un nuevo intento de los parlamentarios delasotistas para tratar su iniciativa. Se frenó por la protesta sindical pero no se descartó totalmente.
“(…) queremos que los partidos de oposición se sinceren. Si están de acuerdo con que 50 personas corten una autopista, nosotros, desde el oficialismo, no vamos a impulsar la sanción de esta ley”, expresó Carlos Kunkel, en una entrevista en la TV Pública.
El diputado nacional del FPV, coautor del proyecto de Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas, sostuvo que desde el oficialismo están “dispuestos a debatir” sobre el asunto. Pero, al mismo tiempo, pidió a la oposición que sincere su posición con respecto a los cortes.
Sobre la finalidad de la iniciativa, el parlamentario K remarcó que se busca evitar situaciones que se dieron semanas atrás en un corte en el puente Pueyrredón, donde trabajadores portuarios arrojaron al vacío a un motociclista que intentó eludir el piquete.
“No puede ser que gente como la del gremio del SUPA, que responde a (Hugo) Moyano, se planten en un puente y tiren a un trabajador. Tenemos que actuar para que esas situaciones no vuelvan a repetirse”, cuestionó Kunkel.
En alusión a la legitimidad de los cortes y las manifestaciones que interrumpen el tránsito, tuvo en cuenta dos situaciones para fijar criterio. Al respecto, opinó que “las protestas no deberían interrumpir toda la circulación”.
“Ahora, tengamos en cuenta que si viene una manifestación con 10 mil personas no le vamos a pedir que garanticen la libre circulación. Si hay tanta cantidad de gente es que porque existe una necesidad”, destacó.
Tal vez sin buscarlo, hay un punto de coincidencia sobre este tema, entre el kirchnerismo y el delasotismo, que intentan ponerle un freno a la protesta cuando se afecta derechos de terceros y se impide el normal funcionamiento de servicios públicos.
En el caso de Córdoba, el primer intento fracasó, debido a una ruidosa manifestación de rechazo por parte de los gremios nucleados en las dos CGT para que no ingrese en la Unicameral, el proyecto de tres legisladores oficialistas.
Ante el impulso del núcleo K de dar debate al asunto en el Congreso de la Nación, podría resultar un disparador para reactivar la iniciativa local de las espadas delasotistas en la Legislatura cordobesa, aunque eso asegura nuevamente la resistencia sindical.
En ese sentido, Kunkel afirmó que si bien esta iniciativa será debatida en el Parlamento nacional, después “cada provincia deberá aprobar una normativa para ver como se encuadran estas protestas”. En el proyecto original queda claro que las jurisdicciones locales y la Ciudad de Buenos Aires podrán adherir a la ley.
Cabe recordar que la presidenta en su discurso en la apertura de sesiones del Congreso, habló del tema. El proyecto de legisladores kirchnerista actúa conforme a lo expresado por Fernández de Kirchner.
La iniciativa respaldada por el diputado ultra K, establece los requisitos para que una manifestación sea declarada legítima; hacer todo lo contrario, da como resultado su “ilegitimidad”.
Se considera que una manifestación pública es legítima cuando: “no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud públicas; no impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada, y permite la libre circulación, en todos los casos, de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros”, señala el texto del proyecto.
Además, también se expresa la necesidad de que los manifestantes no cometan delitos previstos por el Código Penal durante la misma, y que se notifique “ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas” con las especificaciones del caso (lugar, tiempo estimado y objeto de la manifestación, y que se designe un manifestante delegado).
Tras lo cual, el Estado deberá garantizar que las “manifestaciones legítimas” cuenten con la adecuada difusión en medios públicos, ya sean radiales, televisivos, gráficos y digitales.
