El juez en lo Penal Juvenil de 4º Nominación, José González del Solar, dispuso que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) presente en el término de 10 días “un cronograma de trabajos de mantenimiento y refacción de los institutos y dependencias integrantes del Complejo Esperanza, con precisión de los plazos de ejecución” de dichas obras.
A su vez, el magistrado emplazó a la Senaf para que, en el término de 60 días, “dicte un reglamento de convivencia para los establecimientos de su dependencia, y para que en el término de un año incorpore a profesionales o técnicos en educación social”.
La finalidad es que compartan la vida cotidiana con los internos y se propicien “la asunción de hábitos y habilidades para su integración social”, como así también la reflexión de “un proyecto de vida con cara al futuro”.
“Deber inexcusable”
Además, intimó al organismo para que, dentro de las 72 horas, “restablezca la asistencia a la escuela de toda la población del Módulo II (ex Nuevo Sol), aun con auxilio de la fuerza pública si fuere menester”, debido a que los guardias se niegan a llevar a los internos, aduciendo falta de seguridad.
Tras la inspección ocular, desde el juzgado, se informó que se pudo “constatar, en general, la situación descripta”·por los demandantes, y que “se ha documentado con material fotográfico”.
El valor de la educación
Si bien precisó que “no había hacinamiento evidente”, el magistrado concluyó que, en los dormitorios, “se percibe un ambiente inhóspito”. En ese sentido, ponderó que, más allá de la importancia de los trabajos “para mantener y mejorar las instalaciones” del establecimiento, debe haber una “tarea educativa” que promueva a los jóvenes internos, “el respeto a los derechos y libertades de sí mismo y de los demás”.
El juez insistió en la educación para la vida social. Por ello, argumentó: “De ninguna manera se crea que esto se resuelve con más horas de actividad áulica, por necesaria que sea”
“Esto requiere una educación de la vida cotidiana, una presencia permanente de educadores sociales, aptos para estimular en ellos la adquisición de hábitos y habilidades para su integración social, la reflexión y búsqueda de un sentido en su propia existencia”, enfatizó.
La titular del bloque juecista, Liliana Montero, calificó como “contundente y durísima” la resolución del magistrado, que “pone en evidencia, una vez más, que este gobierno no está haciendo las cosas como debe. Es lamentable que después de 14 años de gobierno, hayamos tenido que recurrir a la Justicia para que ésta le ordene a De La Sota que cumpla la ley”.
En tanto, el socialista Roberto Birri, expresó que “luego de este fallo se impone un ‘nunca más’ para las políticas que, bajo pretexto de escaso presupuesto, (…) lesionan derechos humanos básicos, apartándose del principio constitucional que estos lugares deben ser aptos para resocializar a las personas”.
“Unión por Córdoba ha fracasado en sus políticas sociales no sólo en lo que respeta a resocializar a quienes se encuentran detenidos sino también en sus políticas para los jóvenes cordobeses en situación de vulnerabilidad”, concluyó el parlamentario.