Córdoba. La iniciativa del bloque de UPC reflejó una “salida intermedia” al conflicto que se desató en el seno del oficialismo, tras la presentación del proyecto de 3 legisladores delasotistas que según los parlamentarios “gremialistas” limitaba el derecho a huelga. Con el sindicalismo cordobés nucleado en las dos CGT en contra, se buscó conformar un espacio multisectorial para tratar el acceso de la población al uso de los servicios esenciales.
Oposición (FC, UCR, PRO, PS y el FIT) cuestionó en duros términos el proyecto oficialista. Afirmaron que viene a crear “un problema y no a resolverlo”, que la forma para constituir dicha Comisión es “inadecuada e impropia” y que la iniciativa “es poco seria” y carece de “sentido.
Finalmente, tras idas y vueltas, el oficialismo aprobó un proyecto aggiornado que fuera consensuado con los gremios en torno a los servicios esenciales y las medidas de fuerza.
Descartada por las centrales obreras la iniciativa original que ponía límites al derecho a huelga, la nueva propuesta, más allá de representar un espacio de diálogo entre el gobierno, el Parlamento, los gremios y el sector empresarial, no se observa a priori el sentido práctico de dicha Comisión.
La oposición cuestionó la forma del espacio multisectorial; en primer término, por no constituirse por ley, una Comisión Especial, en al ámbito institucional de la Unicameral cordobesa. Fue un reclamo casi unánime de las bancadas opositoras.
El legislador Santiago Clavijo (FC) aludió a la decisión del oficialismo: “Se están equivocando en traer el planteo acá” en referencia al pleno legislativo. A lo que agregó: “Existe un ámbito (ministerio de Trabajo) y legislación al respecto”.
El dirigente lucifuercista manifestó que desde la bancada juecista, la intención es “aprobar leyes que vengan a resolver problemas, no a crearlos”.
Por su parte, el titular del bloque radical, Eduardo Yuni aclaró que “esa comisión no existe actualmente y que, si alguna vez funciona, no se sabe quién habrá de crearla, ni cuando, ni cómo, ni por cuánto tiempo, ni con qué alcances«.
«Vamos a votar por la negativa porque la forma institucional pergeñada para la conformación de la comisión es inadecuada e impropia”, valoró.
Al mismo tiempo, Yuni argumentó que el “Ministerio de Trabajo es el espacio institucional adecuado para abordar preliminarmente el análisis del tema en cuestión«.
En igual sentido, desde la bancada Unión PRO, Javier Pretto, señaló que no le encontraba sentido a la iniciativa de UPC, ya que la Legislatura es el ámbito adecuado para institucionalizarla, por eso, reiteró el planteo de creación de la Comisión Especial (Multisectorial) en la Unicameral.
Por su parte, el radical Rodrigo De Loredo fue contundente: “Es un proyecto poco serio que no va a traer nada en la práctica”.
Quien salió a defender la propuesta aprobada -en las antípodas con el proyecto original- fue el oficialista y líder sindical, José Pihen.
Al respecto, resaltó algo que resulta clave en el desencadenante de las medidas de fuerza. “Se habla de las consecuencias de la huelga, pero no de las causas, nos parece algo de locos”, expresó, aludiendo a las Patronales y al Estado como empleador por incumplimientos laborales.
De esta manera, el secretario adjunto de la CGT Regional Córdoba anticipó que tipo de planteos llevarán a la mesa multisectorial, entre otras cosas.
En definitiva, la mayoría oficialista con el acompañamiento del voto del vecinalista García Elorrio, aprobó la resolución que establece que la Legislatura participe de la conformación de una Comisión Multisectorial con representantes de las centrales obreras, de los sectores empresariales y del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de “tratar los temas que hagan a garantizar el acceso de la población al uso de los servicios esenciales” durante la adopción de medidas de fuerza gremial.
La Comisión receptará la opinión de los distintos sectores, podrá elevar propuestas para garantizar a los ciudadanos un piso mínimo en el acceso a los servicios esenciales, aún durante la adopción de medidas de fuerza, pero no tendrá facultades ejecutivas. Claro está, atribuciones que le compete al gobierno, a través de la cartera laboral.
Expropiación. Los legisladores declararon de utilidad pública y sujeta a expropiación un terreno, de aproximadamente 2 hectáreas, ubicado en el loteo «El Panorama», actualmente denominado «El Bordo», en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
La medida tiene por objetivo llevar a cabo la regularización dominial y el saneamiento de títulos de los espacios comunitarios y los terrenos destinados a viviendas.
Desde las gradas de la Unicameral, un grupo de vecinos siguió el tratamiento de esta ley que beneficia a unas 82 familias de “El Bordo”, la mayoría de ellas integradas por numerosos hijos y en situación de vulnerabilidad social.
Imágenes: Prensa Poder Legislativo