Nacionales. El Jefe de Gabinete, dio cifras sobre los recursos volcados a la seguridad y denunció una campaña deliberada para transferir el tema de la seguridad a la presidenta CFK. Habló de las responsabilidades de las provincias y de la Justicia con fuertes cuestionamientos.
Capitanich denunció que existe una campaña deliberada para asociar la existencia de hechos delictivos en una confección inusitada de una tasa de seguridad inexistente y, en general, de transferir el problema a la primera mandataria.
En ese marco, atribuyó responsabilidades a las provincias, como así también a la Justicia no sólo en materia investigativa sino en “rapidez, eficacia y confiabilidad” de juzgamiento y la “acción de castigar a quienes cometen delitos”.
Si no existe esto por parte de la justicia, “entonces el esfuerzo que realizan las fuerzas de seguridad como auxiliares de la Justicia es incompleto”, aseguró.
Asimismo, puso de relieve que el tema merece un debate y advirtió que “es muy fácil en la Argentina transferir las competencias o las responsabilidades a otros”.
En ese sentido, le apuntó a los referentes de partidos opositores que están en carrera para suceder a CFK. “Muchos de los que pretenden ser candidatos presidenciales tienen en sus respectivos distritos problemas severos en esta materia. O cuando les tocó la oportunidad de gobernar fueron un desastre en materia de las políticas que han aplicado para combatir o prevenir delitos”
“Por lo tanto, pretenden desde una lógica dar lecciones que no supieron aplicar cuando tuvieron responsabilidad de gobierno”, cuestionó Capitanich.
A su vez, las criticas del ministro K, apuntaron a reprocharles que hablan de narcotráfico “como si nunca han tenido responsabilidad para gobernar un distrito en donde sus propias fuerzas de seguridad han estado fuertemente asociadas a este delito”, haciendo mención a los casos de Santa Fe y Córdoba.
“Si no fuera por la acción deliberada del gobierno nacional, que ha recurrido extraordinariamente a través de 3.000 agentes o a través de acciones deliberadas para combatir el narcotráfico en sus respectivos territorios, la verdad que este es un tema que no podría estar resuelto”, afirmó el Jefe de Gabinete, defendiendo el accionar de la administración kirchenrista.
Por eso, resaltó la acción en forma conjunta con el ministro de Defensa y la inversión en materia de radarización. Recordó que cuando asumió el presidente Néstor Kirchner en 2003 había cuatro radares en el país, ahora hay 28.
En materia de recursos destinados por el Estado en seguridad, Capitanich aludió al incremento del número de agentes de 70 mil a 108.500, y destacó que frente a hechos delictivos “hay una acción de gobierno no solo con el aumento sustancial del número de agentes, sino el incremento del presupuesto de 2.300 a casi $28 millones, entre 2003-2014”.
También, mencionó el aumento de las partidas destinadas a helicópteros, municiones, armas, inteligencia criminal, cámaras de seguridad, un sistema de uso intensivo de la tecnología desde el punto de vista de la cobertura.
El ministro coordinador reiteró la competencia original que compete a las provincias y manifestó que la inseguridad “es un problema que nos compete a todos”. Por esa razón, acentuó el rol de los gobernadores, jueces y fiscales. Sin olvidarse de incluir a todo el sistema de inteligencia “para detectar bandas delictivas organizadas muy sofisticadas”
Capitanich cuestionó a la justicia en duros términos, al respecto, señaló: “De nada vale el esfuerzo unilateral o individual de un poder del Estado si los otros poderes del Estado solamente hablan, porque esta es otra responsabilidad, en la Argentina hay una acción deliberada para echarle la culpa en todo al gobierno nacional, pero el Poder Judicial parece que solamente emite comunicados de prensa, opiniones, o dice cuestiones que parecieran no tener responsabilidad en lo que le compete”.
“Entonces también siempre se ha hablado de la necesidad desde el punto de vista de normas de carácter penal o tipificación, la inflación de normas penales también ha demostrado incapacidad efectiva de resolver problemas si no hay una aplicación efectiva de las penas por parte del Poder Judicial”, concluyó.
