Córdoba. El panorama día a día se torna más complicado por la paralización de la producción de las automotrices y de las autopartistas en territorio cordobés. Hoy se conoció que en Iveco no habrá producción durante la semana próxima y suspenderá a todo su personal por la caída en las ventas. En abril representó un 40 por ciento y se observa la acumulación de stock en la planta de Ferreyra.
La caída de actividad se repite en otras empresas vinculadas al sector de fabricación de autos, motos y maquinarias agrícolas y el comercio también está afectado por la crisis.
En un comunicado, la empresa informó que “debido a la necesidad de adecuar el stock comercial a la demanda recibida en los primeros meses del año, Iveco se ve en la necesidad de suspender la producción de su planta de Córdoba entre los días 19 y 23 de mayo.
Desde la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, Isabel Martínez manifestó a Cba24n que las “empresas proveedoras de Iveco han presentado en el Ministerio de Trabajo el procedimiento preventivo de crisis«. Además, señaló que “se están dando algunos despidos en las autopartistas”.
Iniciativa juecista en la Unicameral
Ante este panorama de la industria cordobesa, la legisladora Nancy Lizzul (Frente Cívico) destacó que “Desde hace 4 meses la industria de la provincia se viene complicando cada día más, comenzó con el sector automotriz, siguió por el sector de la maquinaria agrícola y con el sector de la motocicleta”.
“Lamentablemente vemos como toda la cadena de proveedores de la industria de la provincia, que son las pymes industriales, están muy afectadas porque están suspendiendo y despidiendo personal”, sostuvo la parlamentaria.
Ante esta situación, Lizzul manifestó que “se están tomando varias líneas de acción como legisladores defensores de la industria; una de ellas, es un proyecto legislativo que consiste en declarar la emergencia industrial”.
La iniciativa de ley tiene cuatro ejes centrales que implican beneficios de tipo procesal, impositivo, crediticio y subsidios al trabajador.
Sobre este último punto, la parlamentaria del bloque del Frente Cívico, puntualizó que “si la provincia nos los ayuda hoy a conservar las fuentes de trabajo, mañana va a tener un problema el ministerio de Desarrollo Social con los desempleados buscando subsidios”.
En cuanto a las PyMEs que estarían alcanzadas por la Emergencia Industrial, Lizzul detalló que “cualquier industria de la provincia que demuestre disminución de las ventas de un 10 a un 20 por ciento puede ser considerada empresa en emergencia”.
Por lo cual, se le otorgaría beneficios que podrían ser impositivos, a través de la exención de Ingresos Brutos, sello e inmobiliario. A esto se suma, el aporte de créditos del Banco de Córdoba y beneficios para la mano de obra, indicó.
“Esta emergencia que duraría 180 días, suspendería los juicios de la provincia hacia las empresas que esté en crisis en este momento”, añadió la titular de la Comisión de Industria de la Unicameral en representación de la primera minoría opositora.
En el marco de una reunión con industriales cordobeses -realizada este miércoles- en la Unicameral, la legisladora presentó el proyecto de ley que declara la Emergencia Industrial. La intención de la parlamentaria es evitar las “mezquindades políticas” y avanzar en acuerdos con el bloque de la mayoría oficialista para sancionar esta norma, con el acompañamiento del sector industrial que dejó planteada la grave crisis por la que atraviesa.
“Me parece si entre todos nos olvidamos de las mezquindades políticas, podríamos ponernos de acuerdo en este momento. Realmente sería de gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas industriales de la provincia”, concluyó Lizzul.
